Oficinas de farmacia

He leído el editorial publicado en su periódico del 11 de abril, ¿Mal servicio y buen negocio?, con la sorpresa de encontrarme con todos los estereotipos contra la farmacia esgrimidos en los últimos meses. Me extraña que se pueda preguntar a estas alturas por un servicio que, en toda Europa, está regulado directa o indirectamente por las administraciones, para que las oficinas de farmacia tengan una distribución geográfica adecuada en todo el territorio y un fácil acceso a los consumidores. En España, el 98% de la población tiene una farmacia en el lugar que habita. Por supuesto que este servicio sanitario al público está atendido por profesionales libres, expertos en medicamentos, y los' únicos que pueden dispensar con garantía sanitaria y el consejo apropiado, y que, como todos los demás profesionales, se ganan la vida con este servicio, como se la ganarían si el servicio fuera de otra manera, sin que quepa hablar despectivamente de "negocio". No hay por qué hablar de disciplina "gremial" por parte de los colegios profesionales, cuando éstos se limitan al cumplimiento de su obligación constitucional de organizar el servicio de acuerdo con las leyes y decretos emanados de las autoridades del país, en las que se les confiere estas atribuciones.Escribe su periódico que "el mayor argumento de los empresarios farmacéuticos es que el sistema funciona. Aunque sea a costa de incomodidades y el mayor gasto parta de los consumidores". Sobre el primer punto, permítame aclararle que no somos nosotros los que decimos que el sistema funciona. Lo dicen las encuestas realizadas entre los ciudadanos y lo dice la propia Administración, que asegura que el servicio farmacéutico es el mejor de los que mantiene la Seguridad Social. Pero el argumento mayor es la realidad de los hechos.

Lógicamente mejorable, en el momento actual el servicio llega, como ya le he dicho, al 98% de los ciudadanos, en uno de los países del mundo occidental donde existe mayor numero de farmacias por habitantes, sólo superados por Bélgica y Grecia. España es el lugar donde se han abierto más farmacias (1.800) en los últimos 10 años, lo que ha supuesto un incremento superior al 10%, mientras la población sólo ha aumentado un 3,5%. Éstas son algunas cifras del entorno: España (2.200), Alemania (3.995), Bélgica (1.922), Francia (2.549), Holanda (10.160), Italia (3.584), Reino Unido (4.846). Con estas cifras no se ve qué incomodidades sufren los consumidores en España. En cuanto a los precios, su periódico olvida que quien los fija es la propia Administración y son los más baratos de Europa.

La ordenación es imprescindible para bien del ciudadano. Está demostrado que la desregulación conduce a una concentración de las farmacias en los lugares más rentables -con abandono de pueblos retirados y barrios conflictivos de las ciudades-, a un aumento de los precios y a sucumbir, una vez más, al poder multinacional, que puede ser necesario en otros sectores, pero no en el de la oficina de farmacia, de la que dependen 48.000 familias. Hay otro punto que toca su periódico. Cree que el sistema actual permite un negocio vitalicio y se escandaliza

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de que, ante una posible ley de ordenación farmacéutica de Extremadura, se pida una norma de mínimos de ámbito nacional. Contestando por partes, le puedo recordar que la profesión farmacéutica es igual de vitalicia que todas las demás y que, al llegar a su final laboral, no tiene nada de extraño que se transfiera el local y todo el servicio acumulado en tantos años de trabajo, máxime cuando a lo largo de su vida profesional el farmacéutico ha venido haciendo una inversión permanente en equipamiento, stock, reformas, etcétera.

Más extraña es su oposición a una ley de mínimos nacional. Va contra esa "cohesión territorial" que defiende en otros sectores. Una ley de mínimos en ordenación farmacéutica sólo se puede entender como defensa de la igualdad del consumidor en toda España. Luego, con toda libertad, cada autonomía podrá adecuarla a su especial idiosincrasia. Recuerda el editorial que la Ley del Medicamento debe desarrollarse. Le puedo decir que llevamos 10 años manifestando ante la Administración la necesidad de modificar la legislación existente, que puede y debe ser mejorada, y desde la publicación de la Ley del Medicamento hemos reiterado la petición a los cuatro ministros que han pasado por el Ministerio de Sanidad y al propio Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

En cuanto a su apostilla de "está por ver qué intereses primarán", le puedo adelantar una respuesta: primará el interés por la salud de los ciudadanos españoles. La sanidad tiene como misión prevenir y curar y no se mide por parámetros económicos, que es donde se está intentando centrar el debate. Todos los servicios de utilidad social son siempre mejorables en este sentido, queremos avanzar y hacer todos los cambios necesarios sin que ello suponga un deterioro de un servicio tan vital para el ciudadano. Por esto, no entendemos el titular de su editorial, cuya pregunta nos parece engañosa. Apunta por una preocupación por el servicio, y tras su lectura se perfila que sólo interesa por el negocio, pero que el negocio cambie de manos, calificando peyorativamente al trabajo del profesional sanitario. Lo fundamental, al parecer, es que todo tenga que moverse por la ley de hierro de la economía, sin tener en cuenta u olvidarlo el valor social y humano de la eficaz atención sanitaria.- presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.