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LOS PACTOS POLÍTICOS

Aznar garantiza a los sindicatos que no ha pactado "nada" de política social

En medio de un gran sigilo, José María Aznar se reunió ayer durante dos horas con los líderes de CC OO y UGT, Antonio Gutiérrez y Cándido Méndez. El encuentro intentaba eliminar el recelo que han despertado en los sindicatos las negociaciones del Partido Popular con los nacionalistas. Aznar les garantizó que no ha pactado "nada" sobre política social ni sobre la normativa laboral. En otras palabras, se mantendrá la caja única de la Seguridad Social, no se transferirá a las comunidades la Formación Continua y no se creará el contrato estable -con despido previamente pactado- propuesto por Convergència i Unió.

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Aznar cumplió también, aunque con retraso, su promesa de reunirse con los sindicatos al día siguiente de las elecciones generales. Ayer reiteró a Méndez y Gutiérrez que tiene. la voluntad de mantener, "un diálogo permanente" con los interlocutores sociales. Su propósito es comenzar las negociaciones de un pacto social con la patronal y los sindicatos inmediatamente después de la formación del nuevo Gobierno. Ayer se esbozó un esquema: primero se hará un análisis común sobre toda la política laboral, después se formarán grupos de trabajo para empezar a discutir el desarrollo del Pacto de Toledo sobre pensiones, el mercado laboral, la formación profesional, los ámbitos de diálogo bilateral empresarios-sindicatos, la armonización del salario social en las distintas comunidades autónomas, el papel del Inem, o las políticas activas de empleo.Un escueto comunicado del PP y otro conjunto de CC OO y UGT fue la única información oficial que facilitaron de la reunión. En el de los sindicatos se dice que el líder del PP y próximo presidente del Ejecutivo les ha asegurado lo siguiente: "Ha preservado en los pactos de gobernabilidad las materias que deberán ser objeto de negociación entre el nuevo Gobierno y los agentes sociales".

Aunque en ese comunicado no concretan cuáles son esas materias, Aznar les ha informado que en las negociaciones con CiU y PNV no se ha tocado "nada" con relación a la política social y la normativa laboral. Su Gobierno mantendrá la caja única de la Seguridad Social, no transferirá la Formación Continua a los gobiernos autónomos y respetará la cohesión del marco, estatal de relaciones laborales. Ésas eran tres de las mayores preocupaciones expresadas en los últimos días por CC OO y UGT, junto con un eventual pacto con Convergencia i Unió para. poner en vigor el contrato estable -con despido pactado previamente-, propuesto por los nacionalistas catalanes. El PP no ve nada claro el contrato estable porque puede plantear dudas de inconstitucionalidad -conllevaría una indemnización distinta para empleados con el mismo puesto de trabajo- y, además, porque cuenta con un rechazo de partida de la CEOE y de UGT y Comisiones Obreras.

En cuanto al despido, el PP no cree necesario cambiar la legislación hasta ver los efectos de la reforma laboral de 1994, y entiende que resulta cada vez más clara la jurisprudencia sobre el despido y sobre cuándo se dan causas objetivas para rescindir una relación laboral. Además, piensa que esa materia debe ser tratada bilateralmente por sindicatos y patronal y quiere que los protagonistas de las relaciones laborales sean los agentes sociales. Para los populares, el diálogo bilateral entre CEOE, y CC OO y UGT ha producido avances positivos en los últimos meses, sobre todo en el acuerdo firmado el pasado 25 de enero. sobre mediación, obligatoria en huelgas y otros conflictos colectivos y el compromiso de sustituir las ordenanzas laborales franquistas por acuerdos marco.

Lo que sí tiene decidido el PP es una reforma del Instituto Nacional de Empleo (Inem), consistente en avanzar en su descentralización, pero manteniéndolo como agencia pública de empleo y formación; una reforma que las centrales ven con mucho recelo.

En contratación, los populares defienden reformar el contrato de aprendizaje -dotándole de más garantías pedagógicas y de seguridad jurídica y rebajando la edad límite de los 25 años actuales a los 21 años- y devolver la causalidad a los contratos temporales -utilizarlos para puestos de trabajo eventuales-.

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