Las denuncias de posibles pagos ponen en cuestión la actuación de Estevill en Ia instrucción de otros casos

La denuncia de dos empresarios sobre presuntos delitos de cohecho que afectan al vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Luis Pascual Estevill abre una sombra de sospecha sobre sus instrucciones de los principales sumarios, por casos económicos que se produjeron en Barcelona entre noviembre de 1991 y el mismo mes de 1994, etapa en la que fue titular del Juzgado 26 de Barcelona. Tras las denuncias que afectan a los casos Olabarría y Bertrán de Caralt, las sospechas se extienden ahora a los casos Macosa, Jover, Planasdemunt, Indelso, Sol Monge, hotel Arts y García Reina.

Lorenzo Rosal Bertrand asegura que pagó 25 millones en metálico en un aparcamiento a Javier Pascual Franquesa, hijo del ex juez para obtenerla libertad de unos industriales socios suyos que Pascual Estevill había enviado a prisión cautelarmente en una causa (caso Banesto contra Olabarría) que más adelante sería sobreseída sin cargo alguno contra ellos por la Audiencia de Barcelona.

También en otra de sus más ruidosas instrucciones, el caso José Felipe Bertrán, el hijo de principal inculpado, Felipe Bertrán Márquez, asegura haber rechazado ofertas de archivo del caso a cambio de 300 millones de pesetas. La mitad de los inculpados en aquel escándalo de fraude con DNI falsos fueron exculpados, y la condena de seis años que pesa sobre Bertrán está pendiente de recurso ante el Supremo.

Las declaraciones apuntan ahora directamente al caso Macosa, una presunta estafa y apropiación indebida de 1.250 millones que motivó una orden de prisión y busca y captura contra el ex subsecretario de Industria y ex presidente de Macosa Eduardo Santos. Santos compareció un día ante Pascual Estevill, en funciones de juez de guardia, y éste le dejó en libertad con fianza de 10 millones. Era el 8 diciembre 1992. El instructor sostuvo luego un pulso con el presidente del Banco Central, Alfonso Escámez, para esclarecer por qué condonó unos créditos pendientes al equipo de Santos y consiguió citarle como testigo en el caso. Pocos días después, Pascual Estevill se inhibió en favor del entonces juez de delitos monetarios, Miguel Moreiras.

Las normas de reparto siempre favorecían a Pascual Estevill, y el caso Indelso también le tocó en instrucción, en julio de 1993. Dos empresas, Indelso y Visthal, vendían facturas falsas a otras para generar dinero negro. Entre ellas, Pryca, Cahispa, Dragados, Santa Lucía, Vitalicio, la sueca Reinhold y La Estrella. Pascual Estevill envió a prisión a Miguel de los Santos Geijo, presidente de La Estrella; al consejero delegado de la misma empresa, Jaime Varela, y al director general de Vitalicio, José. Luis Pérez Torres.

Incluso firmó un auto por el que ciltaba a declarar a toda la comisión ejecutiva de Vitalicio, entre la que se encontraba el doctor Carlos Zurita, cuñado del rey Juan Carlos. En un inesperado cambio de criterio, el 12 de noviembre de 1992 decretó la libertad de todos ellos y exculpó a 217 empresas de las 350 empresas investigadas en el caso.

En septiembre de 1994, Pascual Estevill envió a prisión al jefe de inmuebles de Caixa de Barcelona, Antonio Luis García Reina, por una querella de unas personas que pretendían que la entidad les había vendido unos pisos de superficie inferior a la escriturada.

Pascual Estevill no atendió a las declaraciones de García Reina, quien aseguraba que en la fecha de las ventas él estudiaba el bachillerato, y lo mandó a prisión seis días. Luego cambió de opinión y lo puso en libertad -"sin tomarme siquiera declaración", afirma García Reina El caso, al que Pascual Estevil accedió en funciones de juez suplente del titular, fue archivado por la Audiencia en una sentencia que dio un fuerte varapalo al juez Pascual Estevill. García Reina recurrió por presunta prevaricación ante el Supremo, que no admitió la querella, y luego recurrió ante el Constitucional.

Otro significativo envío a prisión, el 11 de mayo de 1994, fue el del director general de Banca Jover, Josep Maria Figuerola, acusado de presunta estafa en un asunto de cesión de créditos. Cinco días después, Figuerola abandonaba la cárcel Modelo de Barcelona con fianza de 10 millones. El sumario había dado un giro copernicano a su favor.

Fuentes judiciales consideran jurídicamente incomprensible la intervención de Pascual Estevill en el caso Hovisa, la promotora del hotel Arts. En mayo de 1992, llegó a su juzgado una querella presentada por los subcontratistas del hotel Arts contra su promotora, Hovisa. Pascual Estevill aplicó el llamado, decreto Matesa para embargar sus cuentas y nombrar administrador judicial a Emilio Mulet.

El empresario Sol Monge -que, como Olabarría, Romero y Enrique Marugán, ha presentado querella por presunta prevaricación de Pascual Estevill ante el Supremo- denuncia: "El juez Pascual ha arruinado mi vida". El juez instruyó una querella de su ex esposa contra él y nombró un administrador judicial en su empresa Chevignon sin que mediara petición del fiscal. Pascual Estevill designó a José María Rigau, "una persona afín a Pascual Estevill que simultáneamente era gerente de Manufacturas Pons, una empresa rival". "Me arruinó", concluye Monge.

Monge denuncia que fue intimidado por el propio juez y que importantes sumas al administrador, así como a Antonio Antón, asesor fiscal del propio Pascual Estevill, que fue nombrado por éste interventor judicial de la empresa de Monge.