Dos empresarios acusan a Estevill de cobrar por liberar a quienes encarcelaba

Dos empresarios barceloneses denunciaron ante el fiscal anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, que conocen o han efectuado pagos para obtener la libertad o el archivo de causas instruidas por el juez Luis Pascual Estevill, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Uno de ellos relaciona en la red de cobros presuntamente dirigidos por Estevill, a su hijo Javier Pascual, y el otro, al despacho del abogado Juan Piqué Vidal.

Lorenzo Rosal Bertrand declaró de forma espontánea durante dos horas ante Villarejo sobre unos hechos relacionados con una querella por presunta estafa presentada por Banesto en el juzgado 10 de Barcelona, que Pascual Estevill trató como juez suplente. En este caso, Estevill, en una presunta prevaricación que instruye el Supremo, dictó órdenes de prisión preventiva contra los industriales Pedro Olabarría, Luis Fernando Romero y Joaquín González Mestre.Esta querella fue archivada sin cargo alguno contra estos industriales, socios de Lorenzo Rosal. Según el relato que hizo ayer Rosal Bertrand en la Fiscalía, alguien que se identificó como Robles se le acercó en los pasillos del juzgado, donde se hallaba asistido por una letrada del despacho de Juan Piqué Vidal, y le dijo que no se preocupara por la suerte de sus socios. Acto seguido le propuso la obtención del sobreseimiento o archivo de la causa y la salida de prisión de los inculpados en 24 horas a cambio de 25 millones.

Los detalles más escabrosos del acuerdo. fueron relatados con todo lujo de detalles. Rosal recorrió las empresas en las que mantenía inversiones recogiendo dinero líquido, que envolvió en papel de periódico, y tras meter los diversos paquetes en una bolsa de plástico' de un centro comercial, se encaminó a las seis de la tarde a un aparcamiento de la calle de Pau Casals donde, en la plaza número 2.275, le esperaba un joven, como habían convenido previamente.

El joven se identificó como Javier Pascual y Rosal. A pesar de que estos hechos ocurrían en septiembre de 1994, ha podido identificarlo con precisión como el hijo de Pascual Estevill gracias a las imágenes televisivas sobre su reciente declaración en la causa que estudia la Sala Segunda del Supremo. En aquel encuentro le entregó los 25 millones para el juez.

Villarejo también tomó declaración durante una hora y media a Felipe Bertrán, hijo del industrial José Felipe Bertrán de Caralt, que fue enviado a prisión preventivamente por Estevill en un caso de fraude fiscal, y más tarde juzgado y condenado.

Su sentencia está pendiente de recurso en el Supremo. Felipe Bertrán afirmó que uno de los abogados de su padre fue informado por el abogado Jorge Linati sobre la existencia "de cierto acuerdo" que resolvió una situación similar a la que les afectaba, la del caso Macosa, en el juzgado 26 cuyo titular era Estevill.

También declaró que recibió la visita de Juan Vives, hijo del abogado Juan Vives Rodríguez de la Hinojosa, quien le sugirió que sustituyera a su defensor, "por no tener suficiente influencia sobre el juez" y también le apuntó que "todo aquello podía resolverse con dinero". Vives le dio a entender que tenía ascendencia ante el juez, aunque no precisó que la cantidad reclamada fuese para el titular del juzgado.

Posteriormente, según Felipe Bertrán, su abogado contactó con Piqué Vidal quien le aseguró que la cantidad para arreglar el asunto era de 300 millones. La oferta fue desechada por la familia de Bertrán de Caralt, "por considerarla un chantaje". También explicó que recibieron otro intento de arreglo posterior por 500 millones.

También compareció ante Villarejo el industrial Enrique Marugán, aunque no prestó declaración. El fiscal anticorrupción señaló que practicaría las investigaciones "mínimas e indispensables" para ver si estos hechos denunciados son susceptibles de iniciar acciones penales.

El delito de cohecho castiga a los funcionarios que soliciten o reciban "dávidas o presentes" para ejecutar un acto relativo al ejercicio de su cargo, sin diferenciar entre el cohecho consumado y el cohecho en grado de tentativa. También cabe la posibilidad de que las denuncias sean incorporadas a las diligencias por delito fiscal que instruye el Supremo.