Conde sugiere que pagó 600 millones a Navalón por tráfico de influencias, según su escrito al juez

En su escrito de conclusiones ante el juicio oral del caso Argentia Trust, Mario Conde -al que el juez acusa de apropiación indebida y falsedad en documento- afirma que Banesto pagó 600 millones en 1990 a su asesor Antonio Navalón por colaborar en la creación de la Corporación Industrial para que "hiciera frente a sus compromisos". Entre los encargos -tráfico de influencias con el PSOE- se describe la concertación de "más de tres reuniones" con el entonces secretario de organización del PSOE, Txiqui Benegas, y tras su gestión, de una reunión con Felipe González. El ex banquero pide que sean citados Navalón y otros 18 testigos, entre ellos, Carlos Solchaga, Txiqui Benegas y Mariano Rubio.

El abogado Mariano Gómez de Liaño señala que "el encargo" a su entonces colaborador Antonio Navalón se concretó en: "a) Contribuir a crear el clima adecuado para la creación de la Corporación Industrial Banesto" y "b) buscar a posibles inversores privados". Los honorarios: "Una cifra máxima de 1.200 millones pagaderos a Navalón o las empresas que éste indicara". El escrito señala que "en ningún momento se comentó siquiera la posibilidad de que el señor Navalón efectuara pagos a funcionarios o partidos políticos".El escrito dice que Conde mantuvo numerosas reuniones, en 1989 y 1990, con Navalón y otro colaborador, Diego Magín Selva, sobre la Corporación, y que también asistieron "algunos ejecutivos del banco, como Juan Belloso". Según asegura "durante una de aquellas reuniones Navalón sugirió la conveniencia de que Conde y él mismo se entrevistaran con el secretario de Organización del PSOE, José María Benegas, con el fin de trasladarle las razones que avalaban la creación de la Corporación". Afirma que "se celebraron más de tres reuniones entre Benegas, Navalón y Conde para tratar el asunto y Benegas declaró entender las razones objetivas del proyecto y su carácter benéfico para la economía nacional".

Afirma que "a consecuencia de las gestiones efectuadas por Benegas, Conde mantuvo una entrevista con el entonces presidente del Gobierno, Felipe González, quien mostró su talante favorable a la creación de la Corporación (...)". "El 24 de abril de 199T, recuerda, "se dictaba la orden ministerial por la que se concedían a Banesto las exenciones fiscales en la cuantía acordada con el ministro Solchaga [135.000 millones]".

Según Conde, "en los meses de mayo y junio de 1990", Navalón y Selva le expusieron que comenzara a efectuar "los pagos correspondientes a los trabajos ya prestados, ya que Navalón insistía ( ... ) se habían adquirido compromisos que eran necesario atender". Añade que Navalón aludió a "sus compromisos con un banco holandés asumiéndose que dicho banco crearía o buscada un trust que lo hiciera". Fue así como se pagaron 600 millones "para que Navalón hiciera frente a sus compromisos". El resto, hasta 1.200 millones, se abonaría cuando se vendieran paquetes a inversores. La guerra del Golfo frenó el plan. Las conclusiones de Conde mezclan anteriores declaraciones a la prensa y al juez Moreiras, instructor del caso. Pero lo que era esencial en el tráfico de influencias de sus versiones anteriores ahora ya no figura en el escrito.

Conde declaró el 18 de octubre de 1994 y el 11 de octubre de 1995: "Sí es cierto que el precio inicial era de unos 1.200 millones que se quedaron en 600, entre otros motivos porque las exenciones concedidas no lo fueron sobre los 275.000 millones sino sobre 135.000 millones". Si antes había dicho que pagaba porque "había que vencer el clima político creado por Solchaga contrarío a la concesión de exenciones", ahora afirma que se trataba de "contribuir a crear el clima adecuado para la creación de la Corporación".

El escrito de Gómez de Liaño no explica los trabajos realizados por los asesores por 600 millones, aparte de las reuniones con Benegas (dos, según la primera declaración, "más de tres", según la nueva versión) y la posterior con González.

Según Conde, Banesto Industrial Investments pagó a Argentia los 600 millones, siguiendo indicaciones de Navalón. Pero la factura, pagada el 10 de agosto de 1990, sólo menciona trabajos realizados para la colocación de acciones de la Corporación. El ex banquero no explica en qué consistieron los trabajos.

El fiscal Ignacio Gordillo acusa a Conde de apropiación indebida y falsedad en documento en este caso, según ha tenido que asumir en su auto de apertura de juicio oral el juez Moreiras. Por su parte, Navalón ha negado cualquier tipo de relación con la sociedad Argentia. El escrito, que pide la absolución de Conde, propone citar a declarar a Navalón, Selva y Javier Abad, ex director general del banco. Y otros 16 testigos, entre ellos Benegas, Solchaga y el ex gobernador Mariano Rubio.

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