Castigar al pirómano

LA AUDIENCIA de Valencia acaba de dictar la mayor condena impuesta en España al autor de un incendio forestal: 10 años y un día de prisión mayor y multa de 25 millones de pesetas. Sin duda, el veredicto judicial es severo pero proporcionado a la quema intencionada de 5.300 hectáreas de pinos maderables en varias poblaciones de la Comunidad Valenciana, a los daños ocasionados y a la consiguiente alarma social producida.En España, la inmensa mayoría de los incendios forestales son obra del hombre. Por negligencia en su mayor parte -la colilla arrojada descuidadamente entre la maleza, el fuego mal apagado de una merienda campestre, la quema no controlada de matorrales...-, pero también, con más frecuencia de la deseable, por la acción directa e intencionada de quienes, por unos motivos u otros, buscan sacar provecho del incendio de los bosques.

Partiendo de este dato estadístico -la intervención del hombre en mayor medida que la del rayo en el desastre ecológico que supone para España perder cada año decenas o cientos de miles de hectáreas de masa arbolada-, se comprende la necesidad de una respuesta penal adecuada a las conductas incendiarias. Es cierto que sólo con el Código Penal no se acaba con la permanente amenaza del incendio forestal y el riesgo de desertización que le sigue. Pero quemar bosques, verter residuos en los ríos o contaminarla atmósfera son actos en sí mismos criminales -afectan a bienes cada vez más esenciales para el hombre- y que la conciencia social percibe como tales. Y quienes, de manera imprudente o intencionada, los cometen son delincuentes que merecen el justo reproche penal, además del social. Como lo ha merecido el pirómano de Valencia, una de las comunidades españolas más castigadas por el festival veraniego de los incendios forestales.