La fiscalía abre una investigación sobre el gran crecimiento de Aravaca

El caso Aravaca arrancó el jueves pasado en la Fiscalía de Madrid. El fiscal de Urbanismo y Medio Ambiente, Emilio Valerio, pidió explicaciones al concejal Ignacio del Río (PP) sobre los últimos cambios en el uso del suelo aprobados por el Ayuntamiento para Aravaca. En torno a estos cambios -que permiten edificar hasta 4.000 viviendas- ha surgido una trama de sociedades que han aprovechado la ocasión para especular, según los vecinos. El fiscal ha comenzado a investigar estas denuncias.

El concejal de Urbanismo, Ignacio del Río, acudió el jueves a la fiscalía para explicar los convenios urbanísticos firmados con los propietarios de Aravaca. En dichos convenios aparecen algunas sociedades que tienen su domicilio social en países extranjeros "para evitar la prestación tributaría", según señalaron fuentes judiciales.La investigación de la fiscalía arranca de las denuncias vecinales. Las asociaciones de vecinos de Aravaca se han unido contra la invasión de cemento -14.000 nuevas viviendas- y problemas -aumento de tráfico, necesidades de nuevas plazas escolares, centros de salud- que se esconde tras los planes urbanísticos aprobados por el Ayuntamiento. Donde hay grandes espacios libres habrá constructoras cargadas de ladrillos en los próximos años.

En el último año, el gobierno municipal (PP) ha aprobado recalificaciones masivas de suelo (cerca de trescientas hectáreas) en Aravaca. Ahora viven allí 15.000 personas; con las recalificaciones hay hueco para otras 40.000 personas. Hay fincas industriales y rústicas que han pasado a residencial con los votos mayoritarios del PP. La población de Aravaca se triplicará. El número de viviendas también.

Liquidez

El nuevo Aravaca, según los vecinos, beneficiará a los principales propietarios de suelo del barrio y a otros nuevos que empezaron a comprar fincas cuando el PP decidió llenar de casas la zona. El Ayuntamiento resolvió con las recalificaciones de Aravaca un problema de liquidez municipal para pagar las expropiaciones de suelo necesarias para hacer la M-40.

Fuentes de la fiscalía expresaron su preocupación por la alarma social que ha surgido en este barrio por su futuro urbanístico. Las asociaciones de vecinos calculan que la plusvalía que se genera con la recalificación de terrenos es de al menos 100.000 millones de pesetas.

La oposición apoya a los vecinos. El socialista José María de la Riva y el portavoz de Izquierda Unida, Francisco Herrera, estiman que la recalificación de suelo ha favorecido a unos pocos. De la Riva fue el primer concejal que denunció el caso Aravaca.

IU insistió: "Ha existido tráfico de información privilegiada. El objetivo de la trama especulativa ha sido el enriquecimiento por la compra de suelo no urbanizable pero que iba a ser recalificado como edificable", explica el portavoz municipal de IU.