Borrell afirma que devolver dinero a Airtel obligaria a adjudicar de nuevo la telefonía móvil

La guerra abierta entre el ministro en funciones de telecomunicaciones, José Borrell,y el comisario de la competencia, Karel van Miert, no cesa. Ayer se responsabilizaron mutuamente de que aún no se haya resuelto el conflicto entre Telefónica y Airtel. El ministro aseguró que si el Gobierno se ve obligado a devolver a Airtel el dinero que pagó por obtener la segunda licencia de telefonía móvil (GSM) el concurso de adjudicación debería repetirse. El ministro invitó a la Comisión a encontrar argumentos jurídicos para obligar a Telefónica a pagar lo mismo que pagó Airtel.El conflicto tiene las, trazas de convertirse en una. batalla jurídica de grandes proporciones. El Gobierno adjudicó a Telefónica la primera licencia de GSM dentro del contrato de concesión entre el Estado y la compañía semipública de telecomunicaciones. Convocó un concurso público para adjudicar la segunda licencia por una cantidad de al menos 50.000 millones de pesetas. Airtel se adjudicó el concurso por 85.000 millones de pesetas. La Comisión entró entonces en juego al considerar que también Telefónica debía abonar al Estado 85.000 millones de pesetas para que ambas empresas operaran en igualdad de condiciones. O eso o el Estado debía devolver a Airtel los 85.000 millones de pesetas.Borrell resalta que Airtel ya sabía las condiciones en que se había otorgado la primera licencia cuando salió a subasta la segunda y eso no le impidió presentar una oferta superior en un 70% al mínimo que pedía el Gobierno, "lo que parece demostrar que aún con esa aportación económica la iniciativa empresarial proyectada ofrecía perspectivas de rentabilidad razonable". A su juicio, las dos soluciones son inviables. La segunda porque debería repetirse la subasta y la primera porque lo impide tanto el marco jurídico español como el contrato de concesión vigente entre Telefónica y el Estado. Borrell retó ayer a Van Miert: "Si la Comisión encuentra base jurídica para que el derecho comunitario prevalezca sobre el derecho interno y obliga a Telefónica a pagar, el Gobierno no se opondría. Siempre y cuando haya una base jurídica suficiente".

Entre estas dos drásticas soluciones empezó a dibujarse una alternativa intermedia: que Telefónica redujera las tarifas de interconexión como fórmula para compensar a Airtel. En esa solución hubo, aparentemente, un gran malentendido. Mientras Borrell hablaba de reducir la tarifa, Van Miert entendía que esa reducción se aplicaría sólo a Airtel, pero no al primer operador, la filial de telefonía móvil de Telefónica. Ese malentendido empezó a aclararse en, enero pasado." Borrell se basa en eso para echar las culpas del retraso a Bruselas y ahora se niega a tomar ninguna decisión: "No me parece correcto, siendo ministro en funciones, tomar una decisión tan delicada y de tanta importancia", dijo ayer tras entrevistarse con Van Miert. A su juicio, la solución está en manos del próximo Gobierno.

Van Miert tiene parte de razón al exigir que la reducción de tarifas beneficie sólo a Airtel, ya que si no la desventaja frente a Telefónica sólo existiría para la matriz, pero no para la filial de telefonía móvil. Pero también a Borrell le asiste parte de razón porque los ingresos de Telefónica sí disminuirían de forma real, por lo que la igualdad de condiciones dependería de la duración de esa reducción de tarifas. Borrell insinuó que lo que en realidad busca la Comisión al rechazar la fórmula de compromiso planteada por España es forzar una solución como la alcanzada en Italia para resolver un problema casi gemelo: la pública Unitel otorga a la privada Omnitel (segundo operador) una reducción del 25% en las interconexiones durante 1996 y 1997 y además ésta obtiene el derecho a participar en la tecnología futura aplicada a la red GSM, como la red de comunicación personal.