Consejo y representación

La crisis por la que pasa estos días el Consejo General del Poder Judicial -órgano de gobierno de los jueces, encargado de velar por su independencia- ha puesto de manifiesto un problema de fondo: el mal funcionamiento de este organismo constitucional prácticamente desde su puesta en marcha en 1980. ¿Cuáles son las razones del fracaso? ¿Es un problema de las personas que lo forman, de cómo se eligen sus miembros, o hay que profundizar hasta cuestionar su diseño constitucional? En estas páginas se intenta responder a estas cuestiones y aportar soluciones ante la grave crisis de una institución básica para la democracia en general y el servicio público de la justicia en particular.Entre otras competencias, el CGPJ, órgano de gobierno de ese poder del Estado, nombra a su propio presidente, que lo es también del Tribunal Supremo, a la cúpula del sistema judicial (por ejemplo, a los magistrados del Tribunal Supremo), informa importantes leves, propone algunos de los magistrados ¿el Tribunal Constitucional y asume la selección ' formación, inspección y régimen disciplinario de los jueces. El repaso apresurado de esa lista, y del ejercicio del poder en cascada que de ella se deriva, hará comprender lo decisivo que resulta, para absolutamente todos los ciudadanos de este país, el sistema de nombramiento de los 20 vocales que lo componen. La opción entre el modelo corporativo (según el cual 12 de los 20 miembros del CGPJ los elegirían en exclusiva los propios jueces) y el puramente parlamentario (en el que el todos los vocales son seleccionados por el Parlamento) tiene, en consecuencia, implicaciones que van mucho más allá de una discusión de especialistas. De hecho, están en juego los principios mismos de la cultura democrática, ya que, entre otros rasgos constitutivos, en democracia el indispensable diálogo entre la sociedad y el Estado sólo puede contruirse sobre la representatividad de los que ejercen el poder en la segunda de las esferas (el Estado) para asegurar el respeto a la pluralidad que existe en la primera (la sociedad).

Con todos los problemas que se derivan de la crisis de los partidos políticos y de las evidentes imperfecciones del sistema electoral, hay que insistir en que el lugar donde se concreta la representación es el Parlamento, después de elecciones libres, a través de las cuales los ciudadanos ponen -y quitan- a los que han de manejar sus intereses más capitales. Como las competencias del CGPJ afectan de modo pleno y directo a tales intereses, deben ser las Cortes las que realicen la tarea de selección de los miembros del CGPJ. En otro caso, se produciría un insoportable déficit de representación que los españoles pagaríamos con una sensible pérdida de sentido democrático, pues ¿qué podría pensar cualquiera que viese gobernadas las cuestiones que atañen a los millones de ciudadanos no jueces por las decisiones de los elegidos por 3.500 ciudadanos jueces?

El, desde mi punto de vista, inobjetable planteamiento en favor del modelo parlamentario debe tener en cuenta, sin embargo, lo que en los últimos anos constituyó una seria perversión de ese mismo modelo. En efecto, lo que ha venido ocurriendo -y al juego han jugado todos- es que los nombramientos de los vocales del CGPJ se han tomado fuera de la sede parlamentaria constitucional y legalmente habilitada para ello; hay que decir claramente que fueron las ejecutivas de los partidos las que realizaron la seleción, mediante un cuotaje o reparto colusorio de los cargos, de manera que cada partido político venía a nombrar libremente el cupo de consejeros que le correspondía, según su fuerza numérica, mientras las Cortes se limitaban a formalizar -ratificar- lasdecisiones negociadas y tomadas al margen de ellas.

En otras palabras, la lógica de los partidos desplazó y eliminó la lógica institucional que, en las cuestiones de Estado, debe presidir la actuación del Parlamento. Algunos autores -Bobbio y Touraine entre otros- han advertido de los peligros de que los partidos políticos, por otra parte imprescindibles en democracia, pierdan su función mediadora en favor de su constitución en puros y simples agentes -máquinas- de poder: se oligarquiza el sistema, desaparece la soberanía popular y los actores sociales se extrañan de la democracia. La misma patología, hablando de nuevo del CGPJ, que se detectaría en el modo corporativo de elección de sus miembros. Por otra parte, la perversión del sistema parlamentario determinó una notable pérdida de credibilidad (de legitimación, podría decirse) de los elegidos, que nace de la sospecha, confirmada en ocasiones, de su vinculación a los intereses de los que les habían elegido realmente, más que a sus funciones constitucionales, y con el tiempo acarreó una dinámica de confrontación por intereses de coyuntura política que ha hecho entrar en barrena al CGPJ, donde la legítima pelea ideológica ha dado paso a los últimos y conocidos disparates, en aumento desde el pasado mes de noviembre, cuando ' venció el mandato costitucional de cinco años del CGPJ. Entonces se hizo caso omiso, de nuevo por intereses concretos de un sector político-judicial, a las razonables y constitucionales demandas de renovación del Consejo, con el consiguiente aumento en la espiral de desprestigio que surgió de la insostenible situación de interinidad de ese órgano.

El Parlamento del Estado debe proceder a la renovación del CGPJ en cuanto sea posible, pero no ha de hacerlo a cualquier precio. Aun cuando no se pueden (ni se deben) ignorar los diferentes modos de entender las cuestiones de la justicia de los diversos grupos parlamentarios, ahora se trata de recuperar el papel de las Cortes en su sentido más institucional y de elegir a los vocales del Consejo en función de su capacidad y méritos, y de los intereses generales del país, descartando rotundamente el sistema de cuotas. Es capital, a mi juicio, desarrollar una secuencia de elección que pasa por propuestas de candidatos públicas y limpias, por la comparecencia de los elegibles en las Cámaras, por la explicación de los programas de gobierno del Consejo por parte de esos candidatos, por el sometimiento a las preguntas de los parlamentarios y, cuando se produzca la elección, por la explicación motivada del sentido de la mismá.

José Antonio Alonso es magistrado y portavoz de Jueces para la Democracia.