El fiscal acusa de estafa a un ex alto cargo del PSOE por el 'caso Atocha'

VIENE DE LA PÁGINA 1

Las supuestas irregularidades descubiertas por el fiscal en las obras del centro de salud de Villarejo de Salvanés se repitieron durante la construcción de dos escuelas infantiles en Getafe y Leganés. Construcciones Atocha utilizó de nuevo la fórmula de la certificación de acopios para cobrar otros 43 millones a la Comunidad de Madrid.

Las certificaciones fueron firmadas en este caso por Ramón Valls y Carlos Collado, arquitecto director de las obras y funcionario regional. Importaban 21,6 millones (para la escuela de Leganés) y 22,2 millones (Getafe). El representante de Construcciones Atocha, Dionisio de la Silla, participó en la estafa, pues, según el fiscal, conocía la inexistencia de los acopios al igual que Valls y Collado.

El fiscal pide ocho años de cárcel para Carlos Collado y Dionisio de la Silla. El caso Atocha deja así en el juzgado a cinco acusados por el fiscal: además del ex director general Ramon Valls; dos empresarios de Construcciones Atocha y dos funcionarios regionales.

Unos meses después de cobrar los acopios inexistentes (88 millones en total), Construcciones Atocha suspendió pagos y cedió la obra a otra constructora, que no encontró los materiales acopiados y reclamó a la Comunidad.

La empresa Seguros Albiá había sido contratada por Construcciones Atocha para avalar estos materiales. Cuando la Comunidad, ante la inexistencia de los acopios, intentó recuperar el dinero ejecutando el aval, Seguros Albiá se negó a pagar y presentó un recurso contencioso-administrativo. Al tiempo, Seguros Albiá interpuso una querella contra la constructora que dió lugar a la investigación judicial.

El fiscal exige que los cinco acusados indemnicen "conjunta y solidariamente" con 88 millones de pesetas a la Comunidad de Madrid, que adelantó esta cantidad a Construcciones Atocha por unos materiales de obra que nunca aparecieron.

El PP, que está personado en la causa, también denunció al Tribunal Superior de Justicia de Madrid diversas irregularidades en contratos adjudicados a Construcciones Atocha. Incluso forzó la creación de una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid para investigar un supuesto trato de favor del Gobierno regional socialista a Construcciones Atocha.

El portavoz de este grupo parlamentario, Manuel Cobo, evaluó ayer el escrito del fiscal: "Me parece una calificación muy grave sobre unos hechos muy serios que nosotros denunciamos en la Asamblea de Madrid. Pero Izquierda Unida y el grupo socialista o bien no le dieron importancia o bien al ver que era muy importante trataron de ocultarlo. El ministerio público ha visto ahora estafa donde el PSOE e Izquierda Unida no vieron responsabilidad política".

¿Están todos los responsables de las irregularidades en la acusación del fiscal?, le preguntó este periódico. "No sé si son todos los que están, pero estoy seguro de que no están todos los que son", señaló ayer Cobo. ¿Quienes faltan? "A lo que hace referencia el fiscal es sólo a una parte del caso Atocha. La persona que mayor participación tuvo fue Vicente Martínez Castello, jefe del servicio de Proyectos y Obras de la Consejería de Cooperación. Y la mayor responsabilidad política la tenían los altos cargos: el consejero, Virgilio Cano, el director general de cooperación, Antonio González y el secretario general Victor Díaz".