Un comandante 'legal'

A los militares de reemplazo "no se les podrán encomendar tareas ajenas al servicio". El comandante Antonio Romero Mato se releyó el pasado 27 de noviembre el artículo 27 de la Ley del Servicio Militar de 1991, con la que el Parlamento pretendió erradicar la inveterada costumbre de utilizar a los reclutas para trabajos que poco o nada tienen que ver con la defensa de España, y llegó a la conclusión de que la orden que había recibido de su superior era ilegal.El comandante Romero era el responsable del Núcleo de Instrucción de Reclutas W-9, en el Regimiento Mixto de Artillería número 94, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, y su superior era el coronel Jesús Pumar Moreira, quien le entregó una lista con los nombres de 23 soldados de reemplazo del cuarto llamamiento de 1995, y le ordenó que los agregara a la unidad de servicios del cuartel de Loma Las Coloradas desde el 30 de noviembre hasta el 4 de diciembre pasados, con el fin de que sirvieran como camareros en los actos conmemorativos de la festividad de santa Bárbara, patrona de Artillería.

La respuesta del comandante Romero fue un escrito en el que recordaba al coronel que los 23 reclutas llevaban sólo 15 días de mili, por lo que estaban siguiendo el periodo básico de instrucción, que según las normas vigentes requiere dedicación exclusiva, y citaba una serie de artículos del Reglamento del Servicio Militar y de las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas para argumentar el carácter ilegal de lo que le mandaba.

El coronel le contestó que cumpliese la orden y que luego reclamase por escrito si no estaba de acuerdo con ella. El comandante remitió efectivamente un parte por escrito al general jefe de tropas de Las Palmas de Gran Canaria, pero se negó a enviar a los 23 reclutas a servir como camareros porque, dijo, no se debe cumplir una orden ilegal.

Su actitud costó al comandante un arresto preventivo de 48 horas y la apertura de un expediente disciplinario por falta grave, castigada con hasta tres meses de privación de libertad en establecimiento militar. Todavía no había concluido el arresto cuando el coronel le llamó de nuevo para comunicarle que quedaba relevado del mando del Núcleo de Instrucción de Reclutas

El día 4 de diciembre, cumplida ya la sanción preventiva, Antonio Romero acudió al vino que, tras el acto militar, se ofreció en el cuartel de artillería para celebrar la patrona, pero lo abandonó tras comprobar que los reclutas que hasta pocos días antes estaban bajo su responsabilidad servían como camareros a los invitados. Efectivamente, la primera orden que recibió el sucesor del comandante Romero fue la misma que éste se había negado a cumplimentar.El asunto no quedó ahí. El juzgado togado militar número 52 de Canarias abrió el 11 de diciembre diligencias previas contra el citado comandante por considerar que con su conducta podría haber incurrido en un delito tipificado en el Código Penal Militar, que castiga con hasta dos años de prisión al militar que se negare a obedecer "órdenes legítimas de sus superiores relativas al servicio". Tres días después, sin embargo, el mismo juzgado militar abría diligencias previas contra el coronel Jesús Pumar, a quien el comandante denunció por excederse arbitrariamente en sus facultades, incumplir sus deberes militares y abusar de su autoridad.

Dado el empleo militar de los implicados, todas las diligencias han sido remitidas a los juzgados togados centrales, con sede en Madrid, donde estos días se realizan las pesquisas necesarias para comprobar la veracidad de los hechos denunciados, antes de resolver si las archiva o si abre sumario contra alguno de los dos mandos o contra ambos.

El comandante Romero no ha negado nunca que desobedeciera la orden, pero ha argumentado en su descargo que siguió el conducto reglamentario, informando verbalmente y por escrito al coronel y dando parte a la autoridad superior.

Además, según su testimonio, nadie en ningún momento de todo el proceso, pese a la insistencia en que cumpliese lo mandado, intentó siquiera rebatirle su argumento fundamental: que la orden era manifiestamente ilegal.