Gestores de Banesto compraron acciones de Oil Dor a 10.000 pesetas y las vendieron al banco a 300.000

Los peritos adscritos al juzgado del caso Banesto, los miembros del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) Purificación Grajal y Cándido Gutiérrez explicaron ayer que la Corporación Industrial pagó 300.000 pesetas por cada acción de la sociedad Oil Dor en junio de 1992, un mes después de que sociedades de ex consejeros del banco las adquirieran por 10.000 pesetas. El desembolso fue de 6.000 millones y la plusvalía de 5.800. Asimismo, dijeron que la operación Carburos causó un quebranto de 5.000 millones a Banesto.

El mismo escenario del pasado lunes 26. El abogado de Mario Conde, Juan Sánchez-Calero, ausente; los letrados Miguel Ángel Gómez de Liaño, abogado de Romani, y Jesús Castrillo, de Rafael Pérez Escolar, presentes. También Jacques Hachuel, como el pasado lunes, envió a un letrado del bufete de Luis Rodríguez Ramos.La sesión de preguntas a los peritos contables continuó en tomo a las operaciones de Banesto con el grupo Dorna. El lunes 26, las explicaciones habían quedado en La Esquina del Bernabéu, con el pelotazo conjunto de 1.354 millones, sin aportación de duro alguno, de las sociedades de Fernando Garro, Rafael Pérez Escolar y de Mario Conde y Arturo Romaní (Inversiones Sanfergo, Cifuentes 2.000 y Montilsa). Ayer, más de lo mismo: la operación Oil Dor.

Los ex administradores se han amparado en la existencia de una valoración de la empresa American Appraisal para justificar los precios que pagó la Corporación Industrial: 6.000 millones de pesetas por el 50% de Oil Dor, un proyecto de red de gasolineras. Esa valoración, muy condicional, se realizó en marzo de 1992.

Si se cumplían una serie de requisitos, entre ellos la consecusión de las licencias, decía American Appraisal el 16 de marzo de 1992, basándose a su vez en un informe de FG Inversiones Bursátiles, Oil Dor podía valer 15.000 millones. Hete aquí que mes y medio más tarde, en mayo de 1992, Oil Dor amplía capital de 200 a 400 millones de pesetas. Entre las sociedades que suscriben la ampliación se advierten tres sociedades vinculadas a Pérez Escolar (aparte de la participación que poseía otra llamada Cifuentes 2.000), y entra Montilsa (vinculada a Romaní y Conde). ¿Qué precio pagaron? 10.000 pesetas por acción.

Un mes más tarde, estas sociedades venden sus posiciones a empresas de Carlos García Pardo, del grupo Dorna, quien a su vez vende el 50% de Oil Dor a la Corporación Industrial. En sólo 30 días aquellos que pagaron 10.000 pesetas revenden sus acciones al precio de 300.000 pesetas (salvo en el caso de Montilsa, a la que se pagó 270.000 pesetas por título). Ese es el valor que paga la Corporación. Es decir, ingresaron 6.000 millones por algo que habían pagado a 200. Una plusvalía de 5.800. De ellos, 899 eran de Montilsa (Conde y Romaní), que había pagado 33,3 (plusvalía de 865,7), y 638 de Pérez Escolar, que pagó 22.

Aun cuando el informe de American Appraisal es cuestionado por los peritos, ¿cómo se puede justificar que los que compran a 10.000 vendan un mes después a 300.000 lo que no es más que un proyecto? Hay algo que pasó ayer inadvertido: Mario Conde y Arturo Romaní (Montilsa) y Rafael Pérez Escolar eran miembros de la comisión ejecutiva de la Corporación, que aprobó la operación de compra. Presidente y vicepresidente los primeros, y miembro de la comisión el tercero.

Ayer, los peritos hablaron sobre la operación Carburos. Dijeron que el grupo Banesto pagó 3.651 millones al grupo Euris, en el que Hachuel poseía una participación, para rescatar unas opciones (warrants) cuyo valor era nulo en marzo de 1990. Asimismo, ratificaron que Air Products creyó que pagaba a Banesto 1.344 millones por una opción al 5,9% del capital de Carburos Metálicos en abril de 1990 y que el dinero fue desviado a un banco suizo, a . una cuenta de Hachuel. El quebranto fue de 5.000 millones, entre lo que se pagó y carecía de valor y lo que no se ingresó en caja.

Ayer Conde, Lasarte y Romaní, comparecieron ante el juez que lleva la impugnación interpuesta por ellos contra la junta de accionistas de marzo de 1994. Lasarte y Conde reconocieron que habían comprado acciones de la ampliación de capital aprobada en dicha junta.