Las obras pondrán un cartel con el número de su licencia para demostrar su legalidad
Las obras de la capital tendrán oblígación de exhibir en un cartel la licencia que las legaliza, como sucede en la mayoría de municipios y ciudades españolas y europeas. El equipo de gobierno del PP aceptó en el pleno de ayer una proposición del grupo municipal socialista que solicitaba que se incluyese, al albur de la modificación de la ordenanza de tramitación de licencias, la exigencia de dicha identificación bajo pena de sanción al constructor o promotor. Con este requisito se pretende que los ciudadanos puedan conocer el carácter de las obras y facilitar el control.
La modificación de las ordenzas que regulan la concesión de licencias aumenta un mes los plazos máximos que tiene la Administración para contestar a una solicitud de los ciudadanos. Si antes la Gerencia de Urbanismo tenía uno o dos meses para resolver, ahora tendrá dos o tres meses, dependiendo del tipo de licencia.Con esa modificación (que, curiosamente, pretende agilizar el funcionamiento de la Administración) se elimina también la obligación de presentar la cédula urbanística, un documento que facilita la misma Administración y cuesta algo menos de 11.000 pesetas.
El PP también aceptó una proposición de IU para convocar un pleno extraordinario sobre medio ambiente, que permitirá al alcalde, José María Álvarez del Manzano, "presumir de la política medioambiental del PP", según dijo. Pero no admitió, en cambio, que se aprobase una propuesta de IU para reprobar al concejal de Economía, Fernando López Amor, por su actuación en el cierre del matadero municipal.
Izquierda Unida considera que López Amor mintió en el pleno de enero al decir que la Comunidad de Madrid había autorizado la clausura. La defensa de López Amor (quien anunció acciones legales contra los concejales de IU para proteger su honor) consistió en aportar como prueba el acta. Había medido sus palabras.
En efecto, dijo López Amor que ya había pedido la dispensa a la Comunidad y que "había obtenido ya una contestación". Sin embargo, las palabras del concejal fueron interpretadas hasta por el secretario general del Ayuntamiento -que vela por la legalidad de los actos municipales-, como por casi todos los presentes, en el sentido de que había autorización. "Realmente, no consta esta autorización en el expediente; sin embargo, el señor concejal dice que sí existe", reza el informe del secretario.El permiso regional
El Gobierno de Alberto Ruiz Gallardón aprobó el jueves pasado la dispensa para cerrar legalmente el matadero municipal. La dispensa llega con 22 días de retraso. La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo regional ha sido, en última instancia, la encargada de poner la firma sobre la dispensa regional. El Ayuntamiento, sin embargo, se dirigió primero a la consejera de Sanidad y Servicios Sociales (López Amor se refirió para pedir la aprobación del cierre a una carta de la consejera de ese área, Rosa Posada), que no tiene competencias sobre ese asunto.
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