El PSOE se queja al Defensor del Pueblo por la Gestión de Ruiz-Gallardón

El Defensor del Pueblo recibirá una queja política por los supuestos olvidos del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón (PP). El grupo parlamentario socialista, cansado de rogar, ha decidido pasar a la acción. Jaime Lissavetzky, portavoz socialista, y el diputado Fernando Abad trasladarán sus quejas por escrito y firmadas al Defensor del Pueblo, Fernando Álvarez de Miranda y Torres, para que éste recuerde a Ruíz-Gallardón sus obligaciones. El PSOE recuerda que 10 meses después de aprobada la Ley del Suelo, el Ejecutivo regional aún no ha desarrollado uno de los principales instrumentos que la Comunidad puso en manos de los municipios para garantizar la paz urbanística. La Comisión de Concertación Territorial, según la ley regional, sería un órgano donde los alcaldes podrían discutir proyectos urbanísticos que afectarán a va rios municipios.

El PSOE recuerda un ejemplo especialmente grave: el Ayuntamiento de Madrid ha decidido crear seis nuevos barrios en la periferia para cerca de 70.000 viviendas.

Municipios afectados

Estos ensanches residenciales afectarán a varios municipios limitrofes (Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Alcorcón, Getafé, Leganés y Rivas Vacíamadrid). Pero estas localidades no han podido reunir a la Comisión de Concertación Territorial para discutir los proyectos madrileños, aprobados por el pleno y autorizados por la Comunidad. La discusión ha sido imposible, entre otras cosas, porque la comisión aún no ha sído creada.En su escrito, los socialistas recuerdan que han requerido tres veces al Gobierno del Partido Popular la creación del órgano de concertación. Aportan como prueba los diarios de sesiones de tres plenos celebrados en la Asamblea de Madrid. La queja socialista se basa en "el incumplimiento de la Ley del Suelo". En el texto legal se establecía un plazo de seis meses para crear la Comisión de Concertación Territorial.

El PSOE finaliza su escrito de queja pidiendo la intervención del Defensor del Pueblo para que se apliquen los artículos de la Ley del Suelo que, supuestamente, ha olvidado el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón.

La última vez que el Defensor del Pueblo intervino en la política regional fue en 1985. Entonces tiró de las orejas al Gobierno, presidido por el socialista Joaquín Leguina. El Defensor del Pueblo presentó recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del 3%, que pretendía cobrar a los madrileños un nuevo impuesto. Muchos años después, el Tribunal Constitucional dio la razón a Leguina, pero la Ley nunca se llegó a aplicar.