Conde impulsa un contraproceso civil con la demanda de impugnación de la junta de Banesto

Mario Conde, Rafael Pérez Escolar, Ramiro Núñez y otros ex admnistradores de Banesto, tratan de nuevo de obstaculizar el desarroillo del caso Banesto. Los ex responsables del banco han impulsado, ahora, la impugnación de los acuerdos sociales de la junta del banco celebrada el 26 de marzo de 1994, que tramita el juzgado de primera instancia número 46, y tratan de convertir la en un contraproceso. Alfredo Sáenz, presidente del banco, ha sido citado para prestar prueba de "confesión judicial" el próximo 27 de febrero. Le seguirán Conde, Arturo Romaní y Enrique Lasarte, el 28.

El conjunto de pruebas admitidas por el juez Martel Rivero contó con la oposición parcial de Banesto, Aunque la admisión en este tipo de procedimientos no es jurídicamente recurrible, el banco volvió a a señalar la "improcedencia legal", el pasado miércoles 21, a la realización tanto de la prueba de documental privada como a la de los libros contables. Ya se había opuesto, en el plazo de alegaciones, a las pruebas periciales contables, sin éxito.Fue Rafael Pérez Escolar el primero en tirar la piedra, al presentar un escrito de proposición de medios de prueba al juzgado 46 firmado por el ahora abogado de Conde en el procedimiento penal, Juan Sánchez-Calero. Ocurrió el 4 de septiembre. Al día siguiente, 5 de septiembre, presentaron un escrito idéntico Conde y sus seguidores, firmado por el padre de Juan, el mercantilista Fernando Sánchez-Calero y, por separado, Ramiro Nuñez.

La impugnación de los acuerdos sociales aprobados por la junta del 26 de marzo ha sido un hábil pretexto jurídico para intentar abrir el melón de Banesto, obtener una documentación ingente procedente de dicho banco y de otras instituciones públicas y privadas y utilizarla en función de los intereses estratégicos de los ex administradores. La idea subyacente es que una guerra de guerrillas jurídicas, con innumerables frentes y procedimientos abiertos, puede, por mero cálculo de probabilidad, abrir una brecha y forzar a la admnistración de Banesto a entrar en algún tipo de negociación, hasta ahora desoída.

Información desmesurada

Los ex administradores quieren información sobre todos los créditos morosos y fallidos, intereses, garantías individualizadas de cada uno al 31 de diciembre de 1993, así como la situación de las mismas al 22 de agosto de 1994; copia testimoniada de la lista general de accionistas; certificaciones a librar por el banco sobre sus libros y documentos contables; la exhibición de los apuntes contables referidos a las partidas que fueron objeto de consideración en el Plan de Saneamiento, y un larguísimo etcétera.El juez admitió el conjunto de pruebas el pasado 9 de febrero. La confesión judicial de Alfredo Sáenz tendrá lugar el 27 de febrero y a ella seguirán las de Conde y los ex administradores. La aportación de documentos privados (la información que deben proporcionar Banesto y otras entidades), como es norma para todas las pruebas en estos procedimientos, es de veinte días. El plazo finaliza el próximo 6 de marzo. Con todo, en caso de que no pueda cumplimentarse, el juez podría incorporar las pruebas ya aportadas en plazo y abrir un nuevo plazo "para mejor proveer" en el que se irían agregando nuevas piezas.

Banesto se opuso a la confesión judicial de Alfredo Sáenz por entender que debía ser la entidad quien nombrase a la persona para declarar en el juzgado. También se ha opuesto a algunas pruebas documentales y de libros".

Un punto interesante de la estrategia de los ex administradores es el referido a la designación de tres peritos por el decano del Colegio de Economistas de Madrid. Este instrumento ya ha sido utilizado por Conde y sus amigos en la instrucción de las diligencias penales. Ahora quieren hacerlo en el procedimiento civil. Banesto se ha opuesto por considerar que según la ley no procede la elección a la lista de economistas seleccionada por el Decano del citado Colegio sino de una lista más amplia (economistas, colegiados, auditores, censores de cuentas). Y también porque "el sr. Decano [Gerardo Ortega] ha emitido en otras ocasiones dictámenes a favor de alguno de los actores en asuntos relacionados con sus litigios con Banesto, por lo que concurren las causas de recusación".