Penalistas, PSOE e IU acusa al PP de querer engañar sobre las nuevas penas

El ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, coincidió ayer con penalistas independientes y políticos del PSOE e IU en rechazar la idea del PP de retrasar la entrada en vigor del Código Penal para evitar la aplicación de penas de cárcel supuestamente rebajadas y la pretendida salida de miles de presos. Todos ellos niegan tal rebaja de penas y tales excarcelaciones masivas y aseguran que por decreto-ley no se puede aplazar una ley orgánica como el Código Penal. Añaden que antes de que entre en vigor, el 24 de mayo, será imposible aprobar una ley orgánica.Belloch calificó anoche en Barcelona de "absolutamente inviable" la pretensión del PP y de "bobada" la tesis de las excarcelaciones. En igual sentido, María Teresa Fernández de la Vega, secretaria de Estado de Justicia y candidata socialista número dos por Jaén, en declaraciones a EL PAÍS, reprochó al PP que trate de "alarmar a la sociedad alentando un clima irreal de inseguridad, y a los propios presos, que a base de oír las mentiras del PP esperan su futura e inexistente excarcelación".

Fernández de la Vega afirmó que "la mentira de las 13.000 excarcelaciones es ya inútil, tras los primeros estudios reales de la judicatura y la fiscalía", y aseguró: "No es verdad. que el nuevo Código rebaje las penas. Todo el que lo haya leído sabe que las incrementa en los atentados más frecuentes y de mayor alarma social: robos con intimidación, delitos sexuales, narcotráfico y terrorismo, que son el 86 % de los delitos por los que se están cumpliendo condenas en la actualidad.. En ninguno de ellos se revisarán las condenas a la baja".

Por su parte, Diego López Garrido, ponente del nuevo Código Penal por IU, razona así: "El PP pretende sencillamente engañar a la población española, porque el nuevo Código no rebaja las penas, sino que las endurece. En la situación actual, la pena de 30 años se reduce en la práctica a menos de 20, mientras que con el nuevo Código pueden cumplirse hasta 25 y 30 años".

Para López Garrido, "el proyecto que el PP prepara para España es el Estado carcelario, con olvido del derecho penal humanitario, liberal y democrático". Añade que "el PP engaña también cuando utiliza el argumento reaccionario de las miles de excarcelaciones de presos, que no se van a producir, pero que si tuvieran que producirse sería porque no deberían estar en la cárcel". López Garrido califica de " anticonstitucional la pretensión de imponer el cumplimiento íntegro de las penas sin cambiar la Constitución".

El catedrático de Derecho Penal Miguel Bajo estima que si "el PP gobierna, podrá dejar de conceder indultos, pero necesitará una ley orgánica para cambiar las competencias del juez de vigilancia penitenciaria". En cuanto a "la obsesión del PP con el cumplimiento íntegro de las penas para terroristas y narcotraficantes, es una falacia, porque el cumplimiento de las condenas tendrá que adaptarse siempre ala individualización de la pena".

Otro penalista, el magistrado Alberto Jorge Barreiro, niega que el nuevo Código Penal rebaje las penas de cárcel, ya que "las actuales están automáticamente rebajadas en un 33 % según el vigente artículo 100, que se suprime". Barreiro critica que "el PP, que dice siempre fiarse mucho de los jueces, desconfía de los de vigilancia penitenciaria, al pretender negarles atribuciones sobre el cumplimiento de las condenas".