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Estevill tuvo préstamos del empresario al que ayudo a vender Urbas cuando era juez

El vocal del Consejo General del Poder Judicial, (CGPJ), Luis Pascual Estevill, recibió préstamos personales del empresario Eduardo Bueno Ferrer, ex propietario de la inmobiliaria Urbas y candidato de Alianza Popular a la Generalitat en 1984, según las investigaciones de la Sala Segunda del Supremo. Este investiga un presunto delito de fraude fiscal del antiguo magistrado de Barcelona y actual vocal del CGPJ, elegido a propuesta de CiU.A estas investigaciones se han aportado datos de las declaraciones fiscales de Pascual Estevill en las que éste reconoce como deuda un préstamo de Bueno, por 10 millones en 1993. El juez y Bueno están relacionados también en un informe anónimo enviado al ex fiscal jefe de Cataluña, Carlos Jiménez Villarejo, y que obra en la Sala Segunda.En el informe se cita a Estevill como mediador -en su etapa como juez- en la transmisión de la inmobiliaria Urbas de Eduardo Bueno a Ramón Fiter. Esta operación se produjo en mayo de 1992 y se trató de "un favor de Javier de la Rosa a su amigo y vecino Eduardo Bueno", según fuentes próximas a De la Rosa.La compra de Urbas por Fiter fue financiada con 2.000 millones de Grand Tibidabo, por orden del entonces presidente de la compañía, Javier de la Rosa. El informe apunta que Pascual Estevill pudo percibir 100 millones por mediar.

Pascual Estevill intervino en el acuerdo final entre Fiter y Bueno, especialmente cuando diferencias de valoración de la cartera de aparcamientos de Urbas estuvieron a punto de dar al traste con la operación. Bueno tenía valorados en 11.000 millones los aparcamientos y Fiter consideraba muy elevada esa cifra, al tiempo que negociaba su venta a la filial de La Caixa Inmobiliaria Colonial.

Pocos después, el 13 de marzo de 1993, La Caixa compraba los aparcamientos de Urbas por 5.850 millones. De esa cifra, la caja de ahorros descontaba más de 4.000 de deudas pendientes con Urbas y también personales de Eduardo Bueno. El político retirado trató de incluir su endeudamiento con bancos como el Exterior o Aresbank y también una hipoteca sobre una finca s ya en Llavaneras.

Fuentes próximas a De la Rosa confirmaron otro punto del informe comercial, según el cual habría adquirido cuadros a Pascual Estevill. El informe añade que los favores para con el juez "era la mejor manera de tenerle a su favor" en el caso de que le tocase a él la querella que iba a presentar KIO.

"El procedimiento para que la querella le tocase a Pascual Estevill", sigue el anónimo, "era sofisticado y consistía en la presentación periódica de querellas falsas a través de testaferros contra De la Rosa o empresas relacionadas con el mismo. Se presentaban en el juzgado de guardia exactamente los días en que Luis Pascual Estevill estaba allí. De esta forma, al haber siempre algún asunto en marcha relacionado con De la Rosa en el juzgado 26, la aplicación de las normas de reparto haría posible que la querella de KIO hubiese ido a parar a él".

De la Rosa ha presionado y ofrecido dinero a algunos empresarios que presentaron querellas por presunta prevaricación contra el juez para que las retirasen (véase EL PAÍS del 23 de enero), según reveló el industrial Enrique Marugán en un escrito dirigido, entre otros, a Manuel Fraga.

Las investigaciones del Supremo sobre el juez arrojan fuertes contradicciones entre los ingresos por actividades declarados por él y los ingresos que se produjeron en sus cuentas bancarias, especialmente en los años en los que ejerció en Terrassa y Barcelona.

Como consecuencia de estas actuaciones en el Supremo, uno de los acusadores, Salvador Santesteban, pidió que se decrete la prisión "preventiva incondicional y sin fianza" del juez. Entre los motivos que fundamenta esta acusación destacan sendas certificaciones de ingresos en sus cuentas de unos 750 millones entre 1989 y 1993.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 29 de enero de 1996

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