Listas y democracia

LAS DOS pruebas de fuego de la democracia interna de los. partidos son los congresos -incluyendo la forma de elección de delegados- y la designación de los candidatos electorales. Las listas que con vistas a los comicios del 3 de marzo se han cerrado estos días en todos los partidos han puesto de manifiesto la distancia existente entre las promesas de pluralismo y transparencia y la prosaica realidad. Esa distancia es especialmente visible en el caso del PSOE, una formación que, tras 13 años en el poder, se enfrenta a graves problemas de reconversión: del partido como tal, desentrenado para tareas de oposición, y de muchos de sus miembros. Pero también ha habido problemas en Izquierda Unida, cuyo sector minoritario, Nueva Izquierda, tiene la impresión de haber sido objeto de un voto concertado destinado a marginarles. En cuanto al Partido Popular, reina la armonía preestablecida que propicia la percepción de un triunfo cercano. Pero la presentación de las alcaldesas de Cádiz y Málaga como cabezas de lista de sus provincias respectivas indica que algunos principios, como el de incompatibilidades, se aplica sólo cuando conviene.Son los socialistas, sin embargo, los más afectados por los problemas derivados del desajuste entre una oferta menguante y una demanda creciente. Por una parte, el previsible paso a la oposición obliga a hacer hueco en las candidaturas al Congreso y Senado a los ministros y otros altos cargos deseosos de prolongar su carrera política. La evidencia de que no todos los futuros ex ministros y asimilados podían encontrar acogida en las listas de Madrid ha llevado a buscarles acomodo en provincias, lo que ha planteado la sorda oposición de algunos dirigentes locales que temen quedarse fuera.

El problema de la incorporación o no de Barrionuevo tenía sus propios matices. El PSOE se enfrentaba a un dilema: dar más valor a su apuesta a ultranza sobre la inocencia del ex ministro o al hecho objetivo de su imputación judicial en el proceso de los GAL. A la postre, ha optado por lo primero. Legalmente nada hay que objetar a esa decisión. Pero ningún partido está legitimado a colocar a los electores ante el conflicto moral en que el PSOE coloca a los suyos con la candidatura de Barrionuevo. En otras partes, sin embargo, el problema se ha planteado como un aspecto de la batalla entre facciones internas: guerristas y renovadores se disputan ya la influencia en el grupo parlamentario con vistas al control del partido en el futuro. Aunque en Vigo se ha llegado a las manos, ha sido en Andalucía donde el enfrentamiento político y personal ha llegado más lejos. Carlos Sanjuán, líder guerrista local, ha amenazado incluso con recurrir a los tribunales. Desde el último congreso regional, guerristas y renovadores se dividen el control de las provincias andaluzas: cuatro y cuatro. Pero mientras que donde dominan los guerristas lo hacen por muy escaso margen, los renovadores son ampliamente mayoritarios allí donde mandan. Cada sector intenta aplicar el criterio que más le conviene para acrecentar o mantener su poder.

Los conflictos internos de los partidos se manifiestan frecuentemente bajo la forma de enfrentamiento entre una mayoría local que es, sin embargo, minoritaria en el ámbito superior: regional respecto al local o nacional respecto al regional. A su vez, esos conflictos tienden a hacerse críticos en el momento de elaboración de las listas. En general, en este terreno, las direcciones se reservan la última palabra, conscientes de que el control de las listas es el instrumento más decisivo de poder in terno: el que permite excluir al disidente y premiar al fiel. Esa tendencia sólo podría contrarrestarse con una legislación que desarrollase el precepto constitucional que exige un funcionamiento democrático de los partidos. Es lo que ocurre en Alemania, donde los partidos deben respetar unas reglas mínimas en el proceso de elaboración de las candidaturas. Por ejemplo, la de someter a votación de los afiliados o sus compromisarios los candidatos de cada circunscripción, así como la de que la votación sea secreta. O la regulación del derecho de veto de las direcciones regionales (que podrán obligar a repetir la votación de la asamblea, pero que deberán acatar una segunda votación). ¿No sería el momento de plantear, junto a la reforma electoral sobre las listas, una. ley de partidos que establezca ese tipo de garantías?