Derechos Humanos propone un recurso contra las penas para los insumisos

La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) solicitó ayer al Defensor del Pueblo, Fernando Álvarez de Miranda, que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra los dos artículos del Código Penal que castigan la insumisión al servicio militar y a la prestación social sustitutoria. La APDHE considera que tales preceptos imponen penas de inhabilitación de hasta 12 o 14 años, "desmesuradas y, por tanto, injustas", dice, por lo que son contrarios al principio de proporcionalidad de las penas y a la dignidad de la persona consagrada en la Constitución.Entre otros dirigentes de la APDHE, Luis Otero y José Antonio Gimbernat entregaron a Álvarez de Miranda un dictamen de 41 folios en el que explican los motivos en los que se fundamenta la inconstitucionalidad de ambos preceptos. El artículo 527 castiga a los insumisos a la prestación social sustitutoria con de ocho a 12 años de inhabilitación absoluta y multa de entre 72.000 pesetas y 36 millones. El'604 sanciona a los insumisos al servicio militar con inhabilitación absoluta de 10 a 14 años. Además, con pena de seis meses a dos años de prisión en tiempo de paz y de dos a cuatro años de cárcel en tiempo de guerra. En ambos supuestos de insumisión, la inhabilitación incluirá la incapacidad para desempeñar cualquier empleo o cargo al servicio de las administraciones, entidades o empresas públicas o de sus organismos autónomos y para obtener subvenciones, becas o ayudas públicas."Desobediencia civil".

El documento de la APDHE reprocha a los legisladores que no han tenido en cuenta el significado social del fenómeno de la insumisión, "ni las razones de conciencia que han dado lugar en nuestro país a la extensión de esta actitud, que hay que calificar de desobediencía civil razonada".

Álvarez de Miranda se mostró receptivo a los argumentos de la APDHE y Pro picio, según fuentes de la ,APDHE, a interponer el re curso ante el Tribunal Constitucional. Precisamente los proponentes invocan la doctrina del alto tribunal en favor de la proporcionalidad de las penas, derivada del principio constitucional de legalidad. La "gravosidad y duración" de la pena de inhabilitación motiva la consideración de "inadecuada y desproporcionada" que la APDHE atribuye a esa pena.