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Entrevista:

"No es preciso cambiar la ley, sino disponer de pruebas"

Aurora Intxausti

Tanresidente de la Audiencia de San Sebastián, Joan Cremades, como su fiscal jefe, Luis Navajas, rechazan la reforma de la legislación para penar la violencia callejera que jóvenes simpatizantes de ETA protagonizan en el País Vasco y Navarra. Los daños ocasionados por estos grupos, cuyos miembros tienen de 14 a 20 años, en las 600 acciones realizadas en 1995 en ambas comunidades superan los 3.000 millones de pesetas, según el Gobierno vasco, y en lo, últimos años varias decenas han sido procesados por desórdenes públicos -dos fueron detenidos ayer como presuntos autores de destrozos en una oficina bancaria de Pamplona. Hay sentencias condenatorias y absolutorias por los mismos delitos. Navajas no descarta que algunas se firmen con miedo."No la comparto", responde Joan Cremades, el presidente de la Audiencia de San Sebastián, cuando se le plantea la opinión del presidente de Tribunal Superior de Justicia del País Vasco Manuel Zorrilla, de que es necesario modificar la legislación para poner fin a la violencia que se produce en las calles de Euskadi. "La legislación " argumenta, "es suficiente. Lo que tiene que hacerse es aplicarla y poner a disposición del juez todos los elementos. Lo que no puede hacer el juez es dedicarse a la seguridad ciudadana. Lo que no voy a hacer yo es salir a la calle a detener a la gente. Para eso hay una Constitución en la que se especifica claramente cuál es la función de cada uno.Pregunta. Distintos estamentos han denunciado la existencia de una sensación de impunidad de los protagonistas de los actos violentos.

Respuesta. La palabra impunidad va ligada a pena y ésta parece que sólo hace referencia a los jueces. Pero para poder ponerla hace falta que se los detenga, que se los lleve al juzgado de guardia con pruebas. Lo demás es desviar la atención.

P. ¿A qué se deben, según usted, las sentencias contradictorias en hechos relacionados con la misma violencia callejera?

R. No me lo explico.

P. ¿Las responsabilidades en este tema corresponden por igual a los jueces y a la policía, a la Ertzaintza en el País Vasco?

R. Lo que sí tengo claro, con independencia de lo que yo pueda pensar, es que no estoy dispuesto a lanzar la pelota contra ese cuerpo policial. Parece que en los últimos, cinco años ha habido un interés en culpar en cierta manera de la situación a los jueces con afirmaciones de falta de implicación o irresponsable falta de compromiso. Todo eso no provocará en mí el que diga que la culpa no es nuestra, sino de otros. Creo que puede ser más o menos patente y que, en todo caso, puede ser un conjunto de circunstancias de muy diversa índole. Se trata de una situación muy compleja, de un problema complicado que desde la raíz hasta el final ha sido un proceso que no están llamados a solucionar, ni mucho menos, los jueces.Además, lo más curioso de todo es que, si por un lado existe una Audiencia Nacional, por otra parte existe una diferencia de tratamiento en materia de presos. Se habla de dispersión, de ejecución de penas... Con todas esas situaciones, que ya suponen más una victimación de ésta compleja sociedad, se pretende una legislación más dura. Con lo cual, ¿cómo se puede sostener y predicar la existencia de un Estado social y democrático de hecho y pedir una legislación más dura o más implicación o mayores penas? ¿Hay que condenar sin pruebas o con menos garantías? Todo ello supone una contradicción.

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Sobre la firma

Aurora Intxausti
Coordina la sección de Cultura de Madrid y escribe en EL PAÍS desde 1985. Cree que es difícil encontrar una ciudad más bonita que San Sebastián.

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