Después del 3 de marzo

La reciente reunión de los Pactos de Ajuria Enea y Madrid, los contactos políticos indispensables para que ello fuera posible y la tregua en el intercambio de descalificaciones entre el PP y el PNV han venido en buen momento. Si con ello la política antiterrorista queda fuera de verdad del enfrentamiento electoral, se habrá conseguido algo muy positivo.Pero como, por desgracia, el. terrorismo no va a dejar de ser un problema para nuestra convivencia después del 3 de marzo, creo que es conveniente reflexionar sobre los "pactos antiterroristas", a fin de no cometer en el futuro los mismos errores que se han cometido en el inmediato pasado.

Y ello exige dejar claro a qué se compromete políticamente cada uno de los firmantes de un pacto de esta naturaleza y respetar después escrupulosamente dicho compromiso.

Tal compromiso político tiene que ser contemplado desde una doble vertiente: desde la definición de la política antiterrorista primero y desde la ejecución de la misma después.

En lo que a la definición de la política antiterrorista se refiere, la aportación al pacto consiste en la renuncia del Gobierno de la nación o del País Vasco a tener una política propia en este terreno, porque dicha política es definida conjuntamente por todas las fuerzas políticas democráticas.

En lo que a la ejecución de la política antiterrorista afecta, la aportación al pacto consiste en la renuncia de los partidos de la oposición a criticar públicamente la ejecución que hace el Gobierno de la política comúnmente definida.

Tan importante es lo primero como lo segundo. Y sin lealtad en el comportamiento de los partidos en las dos vertientes del problema, los pactos dejan de ser tales y se convierten en lo contrario de lo que se pretendía que fueran: un motivo de división entre los partidos democráticos frente a ETA.

Desde el verano del 94 esto es lo que ha venido ocurriendo, especialmente desde que la reapertura del caso GAL, a finales de diciembre, debilitó de manera extraordinaria la posición del Gobierno. La crítica de la política de reinserción primero y la exigencia de cumplimiento íntegro de las penas después por el PP; la estrategia de conversaciones con ETA y la participación en iniciativas tipo Elkarri por el PNV; las propuestas de incluir en los pactos del derecho a la autodeterminación por EA; la votación de IU con HB en el Parlamento vasco... Ha habido múltiples rupturas de los pactos en sus dos vertientes. Así los pactos no sirven para nada.

Esto es lo que no se puede perder de vista a partir del 3 de marzo, independientemente de quién gane las elecciones. O se consensúa la definición de la política antiterrorista y se deja al leal saber y entender del Gobierno la ejecución de la misma, resolviéndose las dudas que puedan surgir de forma asimismo consensuada a través de la correspondiente convocatoria de los partidos firmantes de los pactos, o éstos no servirán de nada.

Sería bueno en este sentido que el cumplimiento íntegro de las penas no formara parte del debate electoral. El PP puede cometer el mismo error que cometió el PSOE con el artículo 20 de la llamada ley Corcuera. La contumacia en el error condujo a donde condujo. En este terreno puede ocurrir lo mismo. Una política antiterrorista sometida de entrada a recursos y cuestiones de constitucionalidad es un disparate que se debería evitar.