El 'Parlamento corto'

El balance de las Cortes Generales disueltas ayer, tras dos años y medio de sobresaltada existencia, arroja resultados diferentes según cuáles sean las cuentas examinadas. Después de tres legislaturas de mayoría absoluta monopartidista, los socialistas se vieron obligados a gobernar en solitario con el apoyo de sus 159 diputados y el respaldo condicionado de otros 17 escaño de CiU. Como era previsible, el PSOE ha padecido un calvario semejante al via crucis recorrido por UCD en las dos primeras legislaturas: a diferencia de los centristas, sin embargo, los socialistas lograron mantener la disciplina de su grupo parlamentario.De acuerdo con el mandato constitucional, las Cortes ejercen la potestad legislativa, aprueban los presupuestos generales y controlan la actividad del poder ejecutivo; el Congreso, de añadidura, designa y cesa al presidente del Gobierno. Los rendimientos del Parlamento corto han de pendido de las actitudes colaboradoras o adversas adoptadas por CiU: tras la aprobación con su apoyo de las cuentas del Reino para 1994 y l995,su enmienda a la totalidad de los presupuestos para 1996 hizo inevitables las elecciones anticipadas. En términos estadísticos, las Cortes recién disueltas presentan una aceptable ejecutoria en tanto que fábrica normativa: durante sus dos años y medio de vida aprobaron un número de leyes superior al registrado durante el periodo 1989-1993. El control de calidad de esa producción legislativa sólo podrá verificarse en el momento de su aplicación efectiva; además de las incertidumbres existentes en torno al funcionamiento del jurado, el jaleado Código Penal necesita ya su primer remiendo al haberse dejado en el tintero -según advierte el instructor del caso Filesa- el delito de financiación irregular de los partidos. Las comparecencias semanales del presidente del Gobierno para responder a las preguntas de los diputados han sido una positiva novedad de esta legislatura; cabe esperar que el nuevo Congreso, sea cual sea la mayoría partidista dominante en su composición, incorpore a su código de comportamiento esa sesión semanal de control del jefe del Ejecutivo como uso parlamentario vinculante. La ausencia de mayoría absoluta facilitó la creación de comisiones de investigación con resultados desiguales: mientras los trabajos del Congreso sobre el caso Rubio, el caso Banesto y el caso Roldán fueron satisfactorios, la comisión del Senado sobre el caso GAL naufragó por culpa de los enfrentamientos interpartidistas. Queda ahora por ver si un PP mayoritario en las Cámaras cumplirá su promesa de crear comisiones de encuesta cuando así lo pida la oposición.

El Parlamento corto dejó que los dos instrumentos fabricados por la Constitución para encauzar los conflictos entre el Legislativo y el Ejecutivo -la cuestión de confianza y la moción de censura- se oxidasen en el cajón de las herramientas. La UCD gobernante y el PSOE opositor utilizaron ambos recursos durante la segunda legislatura: en mayo de 1980, Felipe González presentó una moción de censura, aun a sabiendas de que no podía prosperar; en septiembre de ese mismo año, Adolfo Suárez planteó a los diputados la cuestión de confianza, arrostrando la posibilidad de perderla. En esta legislatura, sin embargo, Felipe González no se atrevió a pedir la confianza del Congreso tras sus dos sucesivos descalabros en las elecciones europeas y municipales, paralizado seguramente por el temor a que el fracaso le obligase a dimitir como presidente del Gobierno. Tampoco Aznar se decidió a asumir los riesgos de promover una moción de censura, tal vez por el ominoso recuerdo de la patética intentona de Hernández Mancha en 1987; aun sin poder alcanzar la mayoría absoluta necesaria para ser investido presidente del Gobierno, el debate le habría permitido exponer y defender su programa electoral. Dos oportunidades lastimosamente desperdicidas -como ha señalado Santos Juliá- para devolver al Parlamento su perdida centralidad en la vida pública.