El juez no descarta que los abogados de Conde consintieran sus presuntas escuchas

El titular del Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid, Eduardo Jiménez Clavería, dictó el pasado día 18 un auto por el que archiva provisionalmente las diligencias sobre las presuntas escuchas de que habrían sido objeto los abogados del ex presidente de Banesto Mario Conde, según una denuncia presentada por Jesús Santaella y Mariano Gómez de Liaño. El juez no descarta que en ellas tuvieran alguna intervención los propios letrados.

Lo sugestivo del auto de Jiménez Clavería es el fundamento jurídico que incluye al declarar el sobreseimiento provisional de la causa. "Pese a las gestiones practicadas", dice, "en las presentes diligencias, y de las declaraciones practicadas en las mismas, no ha podido determinarse el procedimiento para la captación y grabación de las conversaciones telefónicas y si éstas fueron o no realizadas con el consentimiento de sus interlocutores, y tampoco los presuntos autores materiales de las mismas, por lo que procede acordar el sobreseimiento provisional de la presente causa".En otros términos, el juez no descarta, a partir de las diligencias, que en las escuchas denunciadas pudieran haber tenido algún tipo de intervención los propios letrados. La historia de estas escuchas apareció en el periódico Diario 16 en los primeros días de agosto. En fuentes jurídicas se halló una coincidencia entre su difusión y el caso Crillo.

Según la denuncia de Luis Roldán, ex director general de la Guardia Civil, el llamado Informe Crillón, sobre actividades preuntamente iícitas de Conde durante 1992, se habría encargado, por orden de la vicepresidencia del Gobierno la agencia de investigaciones norteamericana Kroll Associates. A mediados de julio, precisamente, el magistrado del Tribunal Supremo Eduardo Móner decidió archivar esa denuncia porque de las diligencias no se desprendía la existencia de delitos.

La decisión supuso un fuerte golpe para la estrategia de Conde, según ha reconocido él mismo, pues utilizaba el argumento de que las actuaciones judiciales contra él se basaban en una conducta política. Los abogados del ex banquero pretendían la nulidad del proceso penal en base al citado informe.

Hubo otro hecho en el que las presuntas escuchas encajaban como en un puzzle. A primeros de junio, el coronel Juan Alberto Perote, ex jefe de la Agrupación Operativa del Cesid, había filtrado, presuntamente, un lote de grabaciones de conversaciones telefónicas sobre diferentes personalidades. Por tanto, la noticia de que se estaba limitando el derecho a la defensa de los abogados de Conde mediante espionaje redondeaba la estrategia victimista.

Santaella es miembro de la junta, de gobierno del Colegio de Abogados. Tanto él como Gómez de Liaño denunciaron las presuntas escuchas ante la justicia y, simultáneamente, ante el colegio, que hizo pública una nota de solidaridad con las acciones penales emprendidas por ambos.

Fuentes policiales consultadas por este periódico manejaron varias hipótesis sobre las presuntas escuchas. Una era la posible existencia de autoescuchas; esto es, que en cierto modo las grabaciones contaran con el conocimiento y aprobación de los escuchados. Las versiones filtradas sobre el material grabado indicaron que no había ninguna información sensible ni novedosa. Otra hipótesis fue la de una intervención de servicios del empresario José María Ruiz-Mateos.

Jiménez Clavería tomó declaración a diferentes personas y escuchó las cintas grabadas. Fuentes jurídicas indicaron que el magistrado llegó a la conclusión de que la mayor parte de las conversaciones, en las que nunca aparecía la voz de Conde, carecían de auténtico valor informativo. De ahí, que en su auto abra dudas sobre si esas grabaciones "fueron o no realizadas con el consentimiento de, sus interlocutores".