La Europa común de los intereses cívicos

La presidencia española de la Unión Europea ha dado impulsos importantes a la superación de los grandes desafíos europeos de nuestra época. La Conferencia Euromediterránea de Barcelona, a finales de noviembre, por ejemplo, ha iniciado una nueva fase de cooperación euromediterránea, con el objetivo de crear, de aquí al año 2010, una zona de libre comercio, subrayando de este modo la buena disposición de la Unión a colaborar con esta región vecina especialmente sensible desde el punto de vista político y económico. Esta actitud quedó manifiesta en los compromisos financieros que ha contraído la Unión en favor de esta región en el último Consejo Europeo de Cannes.En el Consejo Europeo de Madrid examinaremos además con ojo crítico los progresos logrados en las iniciativas de la política de empleo, desarrolladas hasta ahora, y decidiremos el rumbo a tomar en el camino hacia la realización de la Unión Económica y Monetaria.

Uno de los temas centrales de la cumbre de Madrid será la discusión del futuro de la Unión, así como la preparación de la conferencia intergubernamental de 1996. Deliberaremos, entre otras cosas, sobre las conclusiones del informe del grupo de reflexión que ha presentado, bajo la presidencia de Carlos Westendorp, un análisis fundado y detallado de los problemas que plantea este proyecto europeo de reforma.

En el debate público, en cambio, el alcance temático de la inminente conferencia intergubernamental se ve reducido a menudo a los, cambios de la estructura institucional de la Unión.

Indudablemente es muy importante para Austria, como nuevo miembro de la Unión Europea, poder colaborar por primera vez en la mejora del aparato europeo de toma de decisiones. Hay que simplificar los procedimientos legislativos, aumentar la eficiencia de las instituciones europeas y conseguir, al mismo tiempo, una mayor transparencia de las mismas. Cambios de esta índole pueden contribuir a fortalecer la calidad democrática de la Comunidad.

Sin embargo, no debemos engañarnos en el sentido de que la Unión pueda ganar en atractivo para sus ciudadanos sólo con las mejoras institucionales. Para superar las dudas, arraigadas en amplios círculos desde Maastricht, respecto a la capacidad de la Unión de solucionar problemas, hace falta dar pruebas claras de las prioridades comunes y plantear propuestas de solución para los problemas europeos fundamentales -el empleo, la ecología y la seguridad-.

Mientras el desempleo en la Unión siga situándose en tomo al 11% quedarán ensombrecidos los éxitos logrados en la realización del mercado único. Es cierto que el Libro Blanco de Delors sobre Crecimiento, competitividad y empleo ha formulado ideas válidas para invertir en la creación de redes transeuropeas, ha bosquejado la apertura de nuevas dimensiones de investigación y de formación, en la sociedad informatizada, y ha mostrado las oportunidades ecológicas de una reorientación tecnológica. Los módicos progresos conseguidos, hasta ahora en la realización de este pro grama demuestran, sin embargo, que siguen existiendo serias deficiencias en la política de empleo de la Comunidad.

Por ello abogaré en Madrid porque desarrollemos los instrumentos europeos necesarios para apoyar la lucha selectiva contra el desempleo. Deberían fijarse, por ejemplo, mis claramente los objetivos de la política de empleo en el Tratado Comunitario e instaurarse un sistema europeo de supervisión para poder coordinar con mayor eficacia las políticas de empleo de los Estados miembros.

Me parece importante que para ello se cuente con una amplia base. Abogaré porque, en el futuro, cualquier proyecto comunitario se someta, a priori, a un examen de compatibilidad social. Sólo así podremos evitar que los efectos positivos de la política de empleo, logrados por iniciativas concretas, se desbaraten a causa de medidas tomadas en otros ámbitos. En este contexto sería de gran importancia que se empleasen más selectivamente tanto los programas europeos de formación, que son un instrumento importante para la competitividad europea, como el Fondo Social Europeo. Evidentemente debería seguir siendo, punto central de la reforma la plena aplicación del protocolo social de Maastricht en la política comunitaria. Para que tenga éxito esta ofensiva a favor de una Europa socialmente equilibrada también será necesario implicar en mayor medida a la patronal y a los sindicatos en la política comunitaria. Austria, que cuenta con una larga tradición en este sentido, es un ejemplo de cómo los conflictos abiertos se pueden solucionar en la mesa de negociación, y no en la calle.

El objetivo de todas estas medidas es desarrollarlas paralelamente a la creación de la Unión Económica y Monetaria en el ámbito de la política de empleo, pero sin modificar su transcurso previsto o sus reglas, ya que poner en tela de juicio los criterios de convergencia de Maastricht provocaría una inseguridad fatal, tanto en el ámbito económico como en otros, lo que asimismo echaría más leña al fuego de las controversias en la política europea. La Unión Monetaria constituye un auténtico hito para la Europa comunitaria. También tiene el efecto de que el proceso de integración europeo llegue a ser irreversible. Precisamente Austria es el ejemplo por excelencia de que una política consecuente de divisa fuerte no sólo no perjudica a una política activa de empleo, sino que incluso la hace necesaria. Austria lo ha demostrado en los últimos casi veinticinco años. El que no existan variaciones en el tipo de cambio es además un factor de calculabilidad, previsibilidad y estabilidad.

Para una parte cada vez mayor de los ciudadanos de la Unión, la conservación de la calidad ecológica -tanto en el ámbito local como a nivel global- es un criterio decisivo para juzgar la capacidad política de cumplimiento y progreso. A pesar de los considerables logros conseguidos desde la introducción de una competencia comunitaria para el medio ambiente, a finales de los años ochenta, en este campo es preciso también un mayor esfuerzo europeo. En cualquier caso debe quedar garantizado que se puedan mantener los niveles más altos que se aplican en algunos de los Estados miembros.

Un mayor compromiso de la Unión con los objetivos ecológicos y el examen obligatorio de todos los proyectos comunitarios respecto a sus repercusiones concretas en el medio ambiente son en mi opinión, impulsos necesarios a nivel del Tratado Comunitario. El prescindir, a largo plazo, de la energía nuclear -no sólo en el ámbito militar, sino también en el civil- también es una meta vital para mí, y, consecuentemente, defenderé su anclaje a nivel europeo.

Aparte de las migraciones ilegales, el terrorismo, las drogas y el crimen organizado, los problemas prioritarios, dentro de la política de seguridad, son las amenazas nucleares y ecológicas. A ello se añade que especialmente las amenazas criminales, que hoy en día son supraestatales y sólo pueden combatirse de la misma manera: a nivel europeo. Son ellas las que originan el miedo, sobre todo entre los más débiles de nuestra sociedad.

Por ello hay que reflexionar intensamente, en el marco de la conferencia intergubernamental, sobre una "comunitarización", paso a paso, del tercer pilar.

La radicalización de las tendencias nacionalistas, el racismo y la xenofobia han mostrado efectos misántropos no sólo en algunas regiones vecinas de la Unión, sino que incluso en nuestras propias sociedades tenemos que luchar contra estas tendencias, ya en sus raíces.

La seguridad, por tanto, ya no significa hoy únicamente la desescalación de las situaciones de crisis militares. La seguridad exige ante todo unos conceptos preventivos amplios, concebidos para que tengan efectos duraderos, que puedan impedir que surjan conflictos, atacándolos en sus raíces políticas, socioeconómicas y ecológicas.

La ventaja esencial de la Unión es que, debido a sus múltiples campos de acción, puede brindar una oferta política coherente. Los principales rasgos de una aplicación positiva de estos conceptos preventivos pueden observarse en las estrategias desarrolladas en los últimos meses frente a la Europa Central y del Este, Rusia, Ucrania y el área mediterránea. Sin embargo, también es cierto que nos topamos con ciertas deficiencias de transposición en el ámbito de la política exterior y de seguridad común.

En el marco de la conferencia intergubernamental deberíamos exigir, por tanto, que las prioridades de la Unión se adapten en mayor medida al escenario actual de las amenazas existentes. En el interés de aumentar la eficacia deberíamos dirigirnos, a medio plazo, hacia una "comunitarización" gradual -es decir, también decisiones mayoritarias- en el ámbito no-militar de la política exterior y de seguridad.

La creación de capacidades de la Unión en los ámbitos de prevención de conflictos, gestión de crisis, operaciones para el mantenimiento de la paz, protección de catástrofes y acciones humanitarias podrían constituir un suplemento eficaz para el punto de partida arriba descrito. Una mayor implicación de la Unión Europea en este ámbito lo considero un paso realista y útil a dar en el marco de la conferencia intergubemamental de 1996, en el camino hacia la creación de un futuro sistema europeo de seguridad.

En vista de estos desafíos no deberíamos valorar las voces críticas a la Unión, cada vez más numerosas desde Maastricht, como un alejamiento de Europa, sino más bien como una demanda creciente de soluciones comunes orientadas hacia los ciudadanos. La opinión pública europea no juzgará el éxito de la conferencia intergubernamental por los detalles estructurales, sino ante todo por el hecho de si conseguimos presentar una oferta sustancialmente mejorada de la política europea respecto a las cuestiones fundamentales: el empleo, la ecología y la seguridad.