El PSOE da de baja Urralburu y Aragón al ser encarcelados

El presidente del Gobierno de Navarra y secretario general del Partido Socialista de Navarra (PSN-PSOE), Javier Otano, señaló ayer que la responsabilidad de la trama navarra del caso Roldán empieza y acaba en las personas de Gabriel Urralburu y Antonio Aragón -que han causado baja como militantes-, y que los jueces determinarán que el partido fue ajeno al cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de obras públicas, que ha conducido a prisión a los dos ex dirigentes socialistas navarros.

Urralburu, presidente del Gobierno navarro entre los años 1984 y 1991, y Antonio Aragón, su consejero de Obras Públicas de 1987 a 1991, pasaron ayer su primer día de prisión en el módulo de ingresos de la cárcel provincial de Pamplona. Tras los reconocimientos médicos de rigor, ambos ocuparon dos celdas separadas, pero contiguas, en las que tuvieron por mobiliario una mesa, una silla y una cama. Fuentes de la dirección de la cárcel, quedirige Antonio García Enciso, afirmaron que ambos estaban "animados". En este establecimiento cumplen condena una decena de presos etarras y más de 100 jóvenes insumisos. Ayer por la tarde, tanto Urralburu como Aragón fueron trasladados, por motivos de seguridad, a la prisión de Logroño.Aragón y Urralburu no son ya militantes socialistas. Aragón había solicitado días atrás su baja cautelar de militancia, pero Urralburu esperó al último día e hizo lo mismo pocas horas antes de ir a declarar ante el juez. El partido ha aceptado ambas bajas. Urralburu era miembro por Navarra del Comité Federal del PSOE.

El juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Pamplona, Juan Manuel Fernández, ordenó su ingreso en prisión en la madrugada del viernes, al estimar que existen indicios de un presunto delito continuado de cohecho por el cobro de comisiones ilegales procedentes de empresas constructoras, a las que el Gobierno dirigido por Urralburu adjudicó importantes obras públicas en Navarra. El cohecho está penado con 6 a 12 años de cárcel. Ambos podrán recibir visitas, ya que la prisión provisional bajo fianza de 100 millones de pesetas a cada uno tiene carácter comunicada. El juez ha ordenado el embargo de las propiedades inmobiliarias que ambos habían adquirido en esos años a través de sociedades instrumentales creadas con parientes directos y que fueron, según todos. los indicios, pagadas con fondos procedentes de la trama de comisiones ilegales establecida en Navarra.

Cuentas en Suiza

La mayoría de esas comisiones, según fuentes cercanas a la investigación, permanecen en Suiza, ya que fueron ingresadas por Uriralburu y Aragón en diversas cuentas abiertas por ellos mismos y por el ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán y su testaferro y ex directoir comercial de la constructora Huarte Jorge Esparza. El juez mantiene el secreto del sumario.

Javier Otano aseguró ayer que al disgusto personal por, el encarcelamiento debe unir su convencimiento de que el PSN-PSOE ha asumido ya toda la responsabilidad política con la suspensión de militancia de ambos ex dirigentes. "Si han cometido errores, tendrán que pagarlos. A partir de ahí", dijo Otano, "a ninguna persona que comete errores hay que volverle la espalda por completo, no vaya a ser que estemos buscando la reinserción de algunos que han matado y seamos con otros que no lo han hecho mucho más exigentes. Ha empezado un drama personal, ganado a pulso o no", sentenció el presidente navarro. Otano ocupó la vicesecretaría general del PSN cuando Urralburu compaginaba su presidencia en el Gobierno con la secretaría general del partido. Ambos eran íntimos colaboradores.

Otano reiteró que el PSNPSOE no se benefició de las comisiones ilegales y añadió que tampoco hará nada para pagar la fianza de ambos, si bien el secretario de organización del partido, Javier Iturbe, aludió a que la solidaridad pudiera tener un carácter individual.

Unión del Pueblo Navarro (UPN), el principal partido de la oposición, estudiará el lunes si presenta una moción de censura contra el Gobierno tripartito, ya que, en palabras de Miguel Sanz, secretario general de UPN, "no se pueden deslindar las posibles sentencias judiciales de las consideraciones políticas".