La fiscalía tomará declaración a De la Rosa sobre la presunta operación contra el Rey

La Fiscalía General del Estado ha aplazado la consulta sobre las presuntas maniobras contra el Rey que tenía previsto plantear hoy, en la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, convocada para analizar la reforma de la prisión preventiva, que entrará en vigor el próximo jueves. El instructor de las diligencias sobre el asunto del Rey, José Aparicio, número dos de la fiscalía, ha decidido tomar declaración el viernes a Javier de la Rosa, implicado en la presunta operación. El fiscal general, Carlos Granados, convocará a una junta de fiscales para analizar el asunto.

Los fiscales de sala del Tribunal Supremo recibieron el pasado viernes la documentación relacionada con la presunta operación contra el Rey. La junta de fiscales convocada para hoy tiene en su orden del día la reforma del artículo 504 bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal, referida a la prisión preventiva, que entra en vigor el próximo jueves. No obstante, la fiscalía había informado el pasado viernes, al enviar la citada documentación sobre las diligencias informativas relacionadas con el asunto del Rey, que también se haría una consulta sobre dicho tema. Ayer se decidió que será en una junta convocada a tal efecto.Los papeles enviados por la Fiscalía del Estado a los fiscales contiene las declaraciones de los dos periodistas que hicieron públicos los presuntos términos de un chantaje de Javier de la Rosa al rey Juan Carlos y la declaración de Manuel Prado y Colón de Carvajal, una de las personas destinatarias de las amenazas al Monarca.

Se incluyen otros tres documentos: fotocopias de las cartas presuntamente falsificadas por De la Rosa y en las que se usaba el emblema de la Casa del Rey y la firma de Prado.

Una carta, fechada el 10 de octubre de 1990, está dirigida al ministro de Finanzas de Kuwait, Afl Khalifa Al Athbi Al Sabah. En ella, con una falsa firma de Prado, se le agradece a Kuwait el envío de fondos a España en nombre de "Su Majestad [el Rey Juan Carlos]" y se intentan justificar estos envíos como pagos políticos para lograr el apoyo en la guerra de Kuwait. Por tanto, se agradecían en octubre de 1990 unos fondos para una guerra que estalló el 17 de enero de 1991.

429 millones de dólares

La segunda carta está dirigida por Prado a De la Rosa. En ella hacía constar que le enviaba la misiva ya citada, dirigida a Al¡ Khalifa, y hablaba de 429 millones de dólares recibidos en dos partes, una de 129 millones, correspondiente a 1989, y otra de 300 millones, en 1990.El tercer documento es una carta de De la Rosa, solicitada por Prado, en la que aquél niega que Kuwait Investment Office (KIO) le haya abonado jamás "sumas dinerarias para atender pagos políticos a personalidades o instituciones".

En el dossier enviado a los fiscales no había más documentos. Las cintas de grabaciones telefónicas aportadas por los periodistas no se incluyeron. Aunque sí se ha incorporado a las diligencias un informe remitido por Fernando Almansa, jefe de la Casa del Rey, sobre una conversación telefónica que mantuvo con De la Rosa, en la que presuntamente se vertieron amenazas de éste último, éste documento no ha sido enviado a los fiscales.

Tanto Prado como Almansa han coincidido, según fuentes consultadas, en un punto: ninguno de ellos comunicó al Rey las amenazas de De la Rosa.

Fuentes de la fiscalía consideraban el pasado fin de semana que este hecho la no transmisión de la amenaza revelaba la inexistencia de delitos. En cambio, se advertía una clara coincidencia en la necesidad de enviar las amenazas a Prado y la falsificación de cartas a un juzgado de instrucción de la plaza de Castilla, en Madrid, ya que se trata de asuntos que conciernen a un particular. Sin embargo, según fuentes jurídicas, la fiscalía ha considerado la necesidad de hacer dos cosas. La primera, llamar a declarar a De la Rosa. La segunda, convocar específicamente una Junta de Fiscales de Sala para plantear el asunto, de acuerdo con el capítulo IV del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en el que se establece, para comunicaciones del Gobierno, que el fiscal general decidirá una vez oída la junta.

El Ministerio de Justicia e Interior, aparte de las diligencias informativas abiertas, interesó al fiscal del Estado la adopción de posibles medidas.