Guatemala, el eslabón perdido de la guerra fría

ENVIADA ESPECIALEl pasado 19 de octubre, una salva de 21 cañonazos retumbó en la base militar de La Aurora, en la capital guatemalteca. Los oficiales allí reunidos, encabezados por el general Marco Antonio González, ministro de Defensa, formaba en silencio. Frente a ellos, un ataúd. Lo restos del presidente Jacobo Arbenz, muerto en el exilio después de haber sido derrocado en 1954 por un golpe militar auspiciado por EE UU, acababan de retomar al país.

Hace 41 años, lo mismos uniformes habían sacado al coronel Arbenz del palacio presidencial en calzoncillos, poniendo un final ignominioso a una "década revolucionaria" en la que se intentó desarrollar un programa modernizador y nacionalista que pasaba por una reforma agraria.

Si en vida Jacobo Arbenz encamó el fin de un proyecto, el retorno de sus restos representó para muchos el tímido comienzo de la reconciliación en una nación de poco más de 10 millones de habitantes, sacudida por golpes de Estado desde su independencia, en 1821, y resquebrajada desde hace 35 años por una guerra civil larvada que ha dejado alrededor de 100.000 muertos y 40.000 desaparecidos.

Hoy Guatemala celebra las elecciones generales que darán paso al tercer Gobierno civil desde 1985, punto del arranque de un parco proceso democrático que ha cobrado un pulso algo más firme con el presidente saliente, Ramiro de León Carpio.

Por primera vez, la izquierda se presenta a los cominicios, y la llamada el voto se produce desde todos los sectores, incluida la guerrilla de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), que ha decretado su primera tregua en 35 años.

"Los cambios son todavía nebulosos, pero su gestación ha sido muy dolorosa. Creemos que las elecciones son la vía adecuada. Estamos cansados de la guerra, de la impunidad y de la violencia", afirma Rigoberta Menchú, líder indígena y premio Nobel de la Paz, cuyo sobrino de dos años fue secuestrado hace ocho días. Y es que las sombras amenazan desde cada esquina. El pasado 5 de octubre, una patrulla militar abrió contra una comunidad de repatriados asentados desde hace un año en la finca Xamán, en el departamento de Alta Verapaz, al norte del país. Once personas, entre ellas dos menores, murieron en el tiroteo. El suceso sacudió uno de los procesos emblemáticos de la nueva etapa: el retorno de los más de 45.000 indígenas que huyeron a México de las matanzas perpetradas por el Ejército entre 1978 y 1982 en territorio controlado por la guerrilla.

Si bien la reacción del Gobierno no tuvo precedentes (los soldados han ido a juicio y el ministro de Defensa, Mario Enríquez, hombre afín al orden constitucional, se vió obligado a dimitir), la matanza de Xamán recordó que el futuro de Guatemala pende de un hilo muy endeble.

Una vez más, todas las miradas se han vuelto a las negociaciones de paz que el Gobierno y la URNG mantienen desde 1989. "La agenda del país pasa por sellar esa bendita paz. Es la puerta del futuro para Guatemala", afirma el argentino Leonardo Franco, jefe de la Misión de Naciones Unidas en la república centroamericana (Minugua).

Grupos reaccionarios

El Gobierno acusa a la URNG de dilatar el proceso en espera de los resultados electorales. Sin embargo, los grupos más reaccionarios de la sociedad guatemalteca, enquistados en el estamento militar y entre los empresarios, también se han dejado oír. Recientemente, la Cámara del Agro presentó una demanda legal contra el diálogo de paz.Humberto Preti, presidente de la Cámara del Agro, ofrece una imagen algo más ponderada. "La negociación con la guerrilla es el único camino para la paz", dice. "Pero los acuerdos deben mandar una señal de seguridad al inversor. No puede haber amenazas de reforma fiscal y agraria confiscatoria. ¡Ni siquiera se ha logrado hacer productivo lo repartido desde 1952!".

Simultáneamente, la URNG sigue violando el derecho humanitario al cobrar impuestos de guerra y al permitir que la población civil esté en la línea de fuego, dice la ONU.

Todas las voces se alzan pidiendo una reconciliación aún distante. "Los extremos afectan a los procesos de lucha y transfonnación", asegura Rigoberta Menchú. "No tenemos que renunciar a nuestros principios, pero hay que ser flexibles".

En tanto no haya paz firmada, no puede esperarse solución definitiva a los problemas. Mientras, la inexistencia de poderes del Estado en amplias zonas del país, la grave situación socioeconómica (un 80% de los guatemaltecos vive por debajo de los umbrales de pobreza) y la impunidad se combinan en un cóctel explosivo. Los balances mensuales de asesinatos y secuestros son tan rutinarios como el índice de precios al consumo. Crímenes políticos y delincuencia común se confunden en las estadísticas.

"Tenemos una auténtica industria del secuestro. Sólo en 1994 se pagaron rescates por valor de 20 millones de dólares", afirma el socialdemócrata José Luis Chea, candidato a la presidencia por Unión Democrática. "Ya no importa el nivel económico, te piden desde mil quetzales hasta un millón".

"Ahora hay más delincuencia que nunca y hay una ley de derechos humanos que protege a los criminales. Ahorita ya la policía no les puede disparar a las piernas", afirma contundente un taxista. Figuras como la del general Efraín Ríos Montt, que en su lucha contrainsurgente desencadenó una sangrienta persecución contra los indígenas, tienen gran predicamento entre las clases medias y bajas. Sólo su condición de golpista ha impedido legalmente a Ríos Montt el acceso a la candidatura, pero su partido, el Frente Republicano Guatemalteco, figura en el segundo lugar en las encuestas.