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"Eso no era de mi competencia"

El laberinto de la Administración engulle el juicio de la colza a los ex cargos públicos

"Las competencias son irrenunciables e intransferibles". Ése es uno de los principios con que se trabaja en la Administración según ha proclamado en la Audiencia Nacional uno de los ex cargos procesados por los supuestos delitos de imprudencia temeraria y contra la salud pública por el caso de la colza desnaturalizada con anilina, un aceite para uso industrial que se desvió hacia el consumo humano y causó 1.200 muertos.

Así, durante las cuatro primeras semanas del juicio, ocho sesiones, puede convenirse que los abogados de las víctimas -su objetivo final es que, a través de alguna condena, el Estado sea declarado responsable: civil subsidiario y aquéllas cobren más de medio billón de pesetas en indemnizaciones- se han visto engullidos por el laberinto del funcionariado.

Ciertamente, sus preguntas tienen que batirse no sólo entre leyes, decretos, normas, disposiciones o circulares, sino también contra una respuesta que se reitera hasta la saciedad: "Eso no era de mi incumbencia". Casi siempre, en efecto, el detalle en cuestión competía en aquel tiempo, 1981, a otra sección, otro servicio u otra dirección general cuando no a otro ministerio.

"¡Silencio! Si no, tendré que desalojar la sala". El presiderite del tribunal, José Antonio Marañón, tuvo que cortar de raíz el pasado martes la indignación, en forma de exclamaciones y pataleos, de las pocas decenas de afectados que pueden asistir en directo a la vista -centenares de ellos tienen que conformarse con plantarse en la calle a costa de los automovilistas-. Una de las afirmaciones de Antonio Bardón, ex jefe del Servicio contra' Fraudes, les había exasperado: "A mí me correspondía defender los intereses de los productores, no el de los consumidores".

Conciencia cívica

Un ejemplo ilustrativo. El Ministerio de Agricultura no tenía en la época del síndrome tóxico competencias alimentarias -las asumió después-, sino tan sólo agrícolas. Por eso, entre otros cometidos, el departamento de Bardón había de ocuparse de que comerciantes desaprensivos no abusaran de los agricultores, al venderles desde fertilizantes hasta maquinarias, y de que los precios en origen del aceite de oliva no bajasen por culpa de las mezclas fraudulentas, que extendían la oferta del mercado."¿Es que sus inspectores no tenían conciencia cívica para informar sobre cualquier irregularidad que observasen?", le espetó, airado, uno de sus acusadores. "Por supuesto. Como pueda tenerla usted mismo. Y lo hacían", le contestó con sequedad Bardón, que fue recriminado por el juez por aludir de manera frontal al letrado. Bardón, ingeniero agrónomo, incluso llegó a disertar con ironía sobre los inicios de los movimientos en defensa de los derechos del consumidor: "No se produjeron hasta finales de los años 50 o comienzos de los 60. Kennedy se significó mucho en ello en Estados Unidos. Pero, en España, el Servicio contra Fraudes fue creado por una ley de 1941. No creo que, entonces [referencia a la primera etapa de la dictadura de Franco], quien la dictó pensara mucho en los consumidores".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 3 de noviembre de 1995