La adaptación a la Ley de Contratos congrela la licitación de Obras Públicas en 250.000 millones

El Ministerio de Obras Públicas mantiene congelada desde junio la licitación de infraestructuras por un valor estimado en 250.000 millones de pesetas. Este aparcamiento se debe a la adaptación de los pliegos de condiciones a la nueva Ley de Contratos, en vigor desde el 9 de junio pasado. La interpretación de la ley, redactada bajo el síndrome de Roldán, según fuentes del sector, ha exigido un trabajo intensivo de interventores, y juristas durante cinco meses para redactar 50 modelos de nuevos contratos. Según el subsecretario de Obras Públicas, Antoni Llardén, el tiempo perdido se intentará recuperar, desde este mes para que el sector no sufra las consecuencias de este retraso.

Los flecos del síndrome Roldán están saliendo caros al sector de la construcción. La Ley de Contratos de Estado, redactada bajo la influencia psíquica de una cruzada anticorrupción, tiene en jaque a las administraciones públicas por la severidad que impone en las condiciones de contratación con los particulares. Algunos juristas han llegado a tildarla de anticonstitucional por excluir de la contratación pública a cualquiera que esté incurso en un procesamiento judicial. Su interpretación ha vuelto locos a los interventores y servicios jurídicos del Ministerio de Obras Públicas, el departamento que más obra civil factura del país.Desde el mes de junio en que entró en vigor, la licitación de obra pública está congelada. Según el subsecretario del ministerio, Antoni Llardén, la parálisis afecta a un volumen de obras por valor de 250.000. millones, un extraordinario cuello de botella. "La ley es excesivamente rigurosa y, nadie se quiere pillar los dedos después de lo que pasó con Roldán", afirma un interventor. Obras Públicas maneja alrededor de 50 modelos de con Aratos en sus relaciones con el sector privado, de ahí que la me ticulosa redacción de los nuevos pliegos de condiciones para con cursar en sus licitaciones públicas haya invertido tanto tiempo.

La asociación Seopan se ha quejado del parón, que afecta también a comunidades autónomas y ayuntamientos, instituciones que tampoco han desarrollado sus propios modelos de contratación y se han visto, además, inmersas en procesos electorales, que no han hecho sino añadir más retrasos. Asociaciones de, consultoras de ingeniería civil cifran sus pérdidas en más de 15.000 millones."

Llardén asegura que su departamento ya comienza a tener listos los pliegos de condiciones y que el tiempo perdido se intentará recuperar en los próximos, cinco o seis meses.

La retirada de la Ley de Presupuestos para 1996 ha añádido otra incertidumbre relevante en el ámbito de las carreteras y tendidos ferroviarios. En la ley de acompañamiento figuraba una dulcificación del rigor expresado en el articulo 129 de la Ley de Contratos, en, la que se exige la disponibilidad de todos los errenos antes de licitar una obra. Una interpretación puntillosa de ese artículo habría impedido, por ejemplo, iniciar la construcción de la M-40 en, Madrid una autovía de circunvalación, cuyo cierre está pendiente de las negociaciones entre el Ayuntamiento y los propietarios de unos chalés afectados de expropiación.

Llardén afirma que su departamento ya advirtió a los legisladores de que esa norma, lógica cuando se trata de construir un edificio, no se adecúa a construcciones horizontales como una carretera o un tendido ferroviario de nueva planta. En esos casos podrían iniciarse trámites como la licitación de proyectos sin que tener resueltas las expropiaciones, de todo él itinerario. "Lo contrario sería una barbaridad", dice Llardén. No se tuvo en cuenta esta sugerencia y el artículo 129 se ha mantenido en los mismos términos que. en la ley de 1964.

Para sortear este nuevo obstáculo que supondría un año y medio más a la tramitación acual de una obra, la ley de acompañamiento de los Presupuestos eximía el tener que concluir las expropiaciones antes de licitar una obra. La retirada de los Presupuestos ha vuelto a situar en un brete a Obras Públicas. En estos momentos negocia con Hacienda una fórmula de decreto ley que suavice el artículo 129 y permita descongelar la hibernación en que los legisladores han colocado la licitación de las obras públicas en España.