¿Es posible combinar participación y eficiencia?

No parece que en España se esté muy dispuesto a elevar el tono del debate político más allá del quién manda. Llevamos meses y meses sacudidos por escándalos, ajustes de cuentas y pulsos entre Gobierno y oposición. Sin querer restar importancia a lo que se está discutiendo, investigando y juzgando, permítaseme situar mi reflexión en un plano más general, en el que nuestra situación no es distinta de la de otros países. Tiene, como siempre, características peculiares. Pero ocurre un poco en todas partes que la sociedad dirige a sus representantes mensajes relativamente contradictorios. Por un lado se pide más capacidad resolutoria de problemas, más decisionismo y más eficiencia a la hora de disponer de unos recursos siempre más escasos y de resolver unos problemas siempre más complejos. Por otro lado, hay un ruido de fondo que expresa la lejanía profunda que existe entre los ámbitos y los protagonistas de las decisiones públicas y los ciudadanos, origen de la legitimación con que operan esos decisores, pero también sujetos de esas mismas, decisiones.Un viejo tema. Un poder eficaz, pero un poder también representativo. Queremos eficacia, pero queremos también equidad, respeto a la ley, respeto a las tradiciones democráticas. Queremos capacidad de decisión, capacidad de resolución de problemas, pero quisiéramos asimismo ser plenamente informados y consultados. Una línea nos acerca a un sistema de toma de decisiones poco mediatizado por formalismos democráticos, intervenciones de grupos e intereses, en el que los técnicos nos digan con claridad qué hay que hacer, y hacerlo con prontitud y de la forma más económica posible. La otra línea nos lleva más allá de la democracia representativa, afirmando que no basta con disponer de mayoría absoluta, ni tan sólo de unanimidad para tomar ciertas decisiones, amparándose sólo en que se ha sido elegido para ello, sino que es conveniente que ante ciertos temas se permita intervenir a los ciudadanos y sus colectivos representativos, o se hagan consultas específicas.

Como expresión de ese tecnocratismo de nuevo cuño poderlos señalar la extraordinaria proliferación en muy diversos países de autoridades y agencias administrativas independientes, tribunales administrativos o comisiones especiales, para temas de lo más variado: defensa de la competencia, disciplina deportiva, informática y libertades, regulación del sector eléctrico, o política monetaria. Se trata de un tipo de organismos que basan su cometido y su existencia en elementos como profesionalismo, competencia, independencia y continuidad. No tienen en modo alguno carácter representativo, sino que sus miembros son elegidos o cooptados en base a su reputación profesional, y a su presumible independencia de criterio ante presiones partidistas o de grupos de interés. Tienen la gran ventaja de no tener mediatizada su labor por los ciclos políticos electorales, y no tienen que quedar bien ni con electores pasados o futuros. Pueden decidir con rapidez, buscando eficiencia técnica y económica. Sus ventajas son el origen de sus desventajas. Su nula representatividad, la imagen de opacidad y, falta de transparencia en sus métodos les hace más vulnerables, pudiendo llegar a ser capturados por los intereses que pretendían domesticar o controlar. Ocurriría como con ciertas directivas comunitarias, que llegan a ser más innovadoras que la legislación de los respectivos Estados miembros, y ello se atribuye al conocido déficit, democrático de las instituciones comunitarias, que les permite decidir sin hacer tantas componendas, pero esa ventaja en la innovación reguladora explicaría asimismo el déficit de implementación y el incumplimiento de esas mismas normas.

En el otro lado tenemos esa significativa difusión de referéndums para ciertas decisiones que las instituciones representativas podían tomar por sí mismas. Desde las consultas sobre la ratificación del Tratado de Maastricht que se celebraron en algunos países, hasta los referendos locales para decidir el destino de una playa o la utilización de unos locales en desuso. Pero al mismo tiempo se van extendiendo practicas de consulta popular ante la toma de decisiones cargadas de conflictividad o poco claras técnicamente. Aparecen experiencias como las de los jurados de ciudadanos, las conferencias de mediación o consenso, o paneles y grupos de estudio que intentan llegar a conocer no sólo el punto de vista instantáneo de los ciudadanos, sino su opinión informada ante ciertos temas. Las encuestas acostumbran a expresar reacciones inmediatas, a menudo no pensadas. Estas nuevas iniciativas buscan reencontrar los procesos de deliberación democrática: discusión pública de temas públicos. Democracia no es sólo votar. Deliberar, discutir, valorar las opciones, formarían parte de esas nuevas experiencias, en las que participarían grupos de ciudadanos seleccionados aleatoriamente (a través de sistemas parecidos a los de la selección de jurados), o a través de otros mecanismos, y cuyas discusiones y opciones finales tendrían asimismo diversos niveles de incidencia en las decisiones a tomar. Se han creado jurados de ciudadanos, por ejemplo, en los Estados Unidos para discutir los problemas de la delincuencia juvenil, en Alemania para tratar del problema de la energía nuclear, o en Guipúzcoa ante la decisón a tomar en relación a una nueva infraestructura viaria.

¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? La proliferación de autoridades independientes señala la tendencia a considerar que sólo a través de mecanismos más alejados del fragor democrático se puede conseguir eficiencia e innovación. La proliferación de vías de consulta y participación de los ciudadanos fuera de los cauces representativos tradicionales trasluce la sensación de que no basta sólo con tener mayoría o con decidir en las instituciones para conseguir que ciertas cosas se hagan y que ciertos temas se desbloqueen. En ambos casos encontramos insuficiencias de los mecanismos democráticos rutinarios y encontramos formas de explorar vías alternativas. De la extensión de órganos independientes y con poca obligación de rendir cuentas a nadie, puede preocupar su aislamiento del control que toda sociedad adulta ha de poder ejercer sobre aquellos que toman decisiones que les afectan. De esas vías de consulta alternativa puede preocupar sus formas de selección, y el grado de condicionamiento que provoquen en los decisores legitimados por vía electoral. Sólo explorando ventajas e inconvenientes de esas distintas alternativas podremos mantener una fe ya maltrecha en la capacidad de innovación y de adaptación del sistema democrático a nuevas situaciones y problemas. Y no hay duda de que en nuestro país la reconstrucción de la credibilidad democrática nos es más necesaria que nunca.

es catedrático de Teoría Política de la Universidad de Barcelona.