Los jurados percibirán unas 10.000 pesetas diarias, además de los gastos

"En democracia, la justicia es cosa de todos". Éste será el lema de la campaña que se iniciará a finales de mes para explicar a los ciudadanos el tribunal del jurado, que n comenzará a funcionar en 1996, y evitar la resistencia de muchas personas a participar en él. "La ley no quiere unos jurados cabreados", explicó Juan Luis Ibarra, director general de Codificación. La campa ña costará 250 millones de pesetas, que se distribuirán entre televisión (72%), prensa (18%) y radio (10%). La función de jurado se remunerará con unas 10.000 pesetas, más la indenmización por gastos causados

La secretaria de Estado de Justicia, María Teresa Fernández de la Vega -que apenas pudo intervenir en la presentación de la campaña, debido a una fuer te afonía-, reconoció que, dada la novedad del tribunal del jurado para la mayoría de los ciudadanos, suscita "cierta desconfianza". El objetivo de la inminente campaña consistirá precisamente, según dijo, en "explicar y demostrar que cual quier ciudadano es capaz de de sempeñar la función de jurado con responsabilidad".Los 50.000 ciudadanos preseleccionados para ejercer como jurados han comenzado ya a recibir la comunicación oficial e información sobre el Tribunal del Jurado, junto a un impreso de reclamación contra su inclusión en la lista de candi datos, que podrán presentar del 1 al 15 de noviembre ante el juzgado decano más próximo. Coincidiendo con ese periodo, la Administración difundirá mensajes publicitarios con el objetivo de "orientar y motivar al ciudadano", en palabras de Ibarra.

Campaña persuasiva

El contenido persuasivo de la campaña se fundamenta, según este alto cargo, en que "todas las personas tienen sentido de la justicia y sentido común, además de responsabilidad para resolver situaciones de manera justa y equilibrada". La campaña apelará a estos razonamientos y, frente a la resistencia a ser jurado de quienes alegan falta de preparación, los mensajes serán aproximada mente de este tenor: "Usted no ha leído la Constitución, pero sabe que todos tienen derechos; no ha ido a un juicio, pero sabe escuchar; no ha estudiado derecho, pero tiene sentido común; no conoce el Código Penal, pero sabe ser justo. Pues de eso se trata, de que todos podemos ser jurados".La función de jurado se remunerará con unas 10.000 pesetas diarias, además de la indemnización por los gastos ocasionados, cuando no sean sufragados por el Estado. El importe será distinto, según el perjuicio realmente causado, pero en todo caso, durante su ejercicio como jurados, los ciudadanos no tendrán que correr con los gastos de transporte, comida y alojamiento.El secretario general de Justicia, Fernando Escribano, dio cuenta de que se están ultimando las obras de adaptación de los edificios de las audiencias, para que estén listos antes de que en 1996 comiencen los juicios con jurados. El importe previsto para tales obras es de 300 millones de pesetas, sobre la inversión inicial total de 1.500 millones.

Excusa abierta

Ante las insistentes preguntas sobre la falta de regulación de la objeción de conciencia a la función de jurado, Ibarra contestó que tal planteamiento "es erróneo", ya que el derecho-deber de participación en la administración de justicia no admite: objeciones de conciencia. Para. tranquilizar a quienes, por los, motivos que sea, se empeñen en negarse a ser jurado, Ibarra recordó que, además de la lista de motivos normales de exclusión que la ley admite -edad, cargas familiares, trabajo de difícil sustitución-existe una posibilidad de excusa abierta, formulada así: "Los que aleguen y acrediten suficientemente cualquier otra causa que les dificulte de forma grave el desempeño de la función de jurado".Tal causa deberá ser apreciada por el juez decano. En caso contrario, el ciudadano será multado. La abstención en la votación del veredicto será también multada con 75.000 pesetas y el voto será considerado a favor del acusado.Los jurados enjuiciarán los delitos contra la vida humana, la libertad, el honor, la intimidad, el domicilio y el medio ambiente; los cometidos por funcionarios públicos, y los de omisión del deber de socorro.