Los jueces censuran que el Gobierno se ampare en la ley de Secretos para negar datos a Garzón

Las asociaciones judiciales creen que el Gobierno no puede ampararse en la ley de Secretos Oficiales para negar al juez Garzón los documentos del Cesid que solicita para investigar cuatro asesinatos de los GAL. Asociaciones de todas las tendencias estiman que la presentación. de un conflicto de jurisdicción no tiene cabida en la ley de 1987 y que se, trata de una argucia del ministro de Defensa, Suárez Pertierra, para interrumpir la instrucción. Este extremo fue negado ayer por el titular de la Presidencia, Pérez Rubalcaba, quien garantizó que "en modo alguno" se busca retrasar las pesquisas.

El juez Baltasar Garzón ha solicitado en reiteradas ocasiones al Cesid, dentro de la investigación del sumario del caso Monbar, dos documentos: uno de ellos conocido como acta de los GAL, en el que se establecían criterios de actuación en la guerra sucia contra ETA, y otro, elaborado por el coronel Juan Alberto Perote, en el que informaba que mercenarios y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. iban a iniciar los atentados. El Cesid siempre se ha negado a facilitar esos papeles por considerar que son material clasificado y, por tanto, amparado por la ley de Secretos Oficiales.El último requerimiento de Garzón al ministro de Defensa ha tenido como respuesta la fórmulación de un conflicto de jurisdicción, que será resuelto por una sala presidida por el titular del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Pascual Sala, e integrada por los magistrados del Supremo José María Ruiz Jarabo y Pedro Esteban Alamo y los consejeros de Estado Jerónimo Arozamena, Fernando de Mateo y Andrés Sánchez del Río. Esta sala fue constituida en noviembre de 1994 para todos los conflictos que surgieran a lo largo de 1995.

Las asociaciones de jueces, de todas las tendencias, han respondido de manera unánime a la presentación del conflicto de jurisdicción. José María Vázquez Honrubia, portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, afirmó ayer que el Gobierno no puede ampararse en la ley de Secretos Oficiales para negar a Garzón los datos que solicita, puesto que en un Estado de derecho, un juez debe buscar la verdad material de, los hechos allá donde esté. Vázquez Honrubia considera una "triquiñuela jurídica" la presentación del conflicto por parte del Gobierno para no entregar los documentos.

Esta asociación considera que la vía elegida por Defensa es totalmente inadecuada y lo único que persigue es dilatar el proceso de los GAL. Vázquez declaró que roza lo escandaloso que el Gobierno se niegue a colaborar con la justicia, especialmente cuando son miembros del Gobierno los investigados.

El portavoz de Jueces para la Democracia, José Antonio Alonso, destacó que frente a la investigación judicial de un delito no se puede alegar la existencia de un secreto oficial para no entregar al juez encargado del caso el material que solicite. Alonso tiene muchas dudas de que existan bases jurídicas para que el Ejecutivo plantee este conflicto, puesto que, a su entender, la Constitución encomienda en exclusiva a los jueces la investigación de los delitos.

El presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, Ramón Rodríguez Arribas, explicó que si se habla de un delito y de las pruebas que pueden conducir a su esclarecimiento, el Gobierno no puede negar ningún tipo de colaboración alegando la defensa de la seguridad del Estado, porque se promovería la impunidad del delito. Rodríguez Arribas cree que la negativa de entregar la documentación solicitada por Garzón no parece que pueda encajar en un conflicto de jurisdicciones.

Frente a estas opiniones, el ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, declaró a Radio Nacional que la presentación del conflicto entra dentro de la "normalidad institucional". Por su parte, el secretario de Estado de Defensa, Juan Ramón García Secades, negó que la medida sea una maniobra dilatoria, la misma opinión del titular de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien aseguró que el Gobierno "en modo alguno" pretende retrasar las investigaciones y alegó que el Ejecutivo ha elegido en este contencioso la vía aconsejada por la abogacía del Estado.