Cinismo

Durante los diez primeros años del mandato socialista, antes de que aflorase el clima de descrédito y corrupción política, era un lugar común sostener que la principal contribución del PSOE al interés general (al margen de la construcción del Estado del bienestar y la corrección de las desigualdades mediante la redistribución de la renta) era la llamada consolidación democrática. En efecto, se daba por supuesto que, si bien el mérito de la transición política a la democracia debía ser atribuido a UCD, el de coronarla con éxito, consolidando la transición irreversiblemente, pertenecía al PSOE, a partir sobre todo de su desarme del golpismo. ¿Cabe seguir diciendo lo mismo diez años después, cuando el poder socialista declina ya?Los sociólogos políticos están divididos acerca de cuáles son los criterios que determinan la consolidación de la democracia. Los minimalistas sostienen que basta con la común obediencia de todos los actores políticos a unas mismas réglas procedimentales de juego para que se pueda dar por irreversiblemente consolidado un proceso de transición a la democracia. En cambio, los maximalistas añaden a esta condición necpsana, pero insuficiente, otro requisito más, que es el de la sedimentación de una cultura cívica capaz de legitimar plenamente las nuevas instituciones democráticas, lo que no sé puede dar por seguro hasta que las nuevas generaciones posteriores a la transición adquieran un maduro y sólido civismo en su proceso de socialización.

¿En qué medida se cumplen estas condiciones en el caso español? Por lo que hace primero a las reglas de juego, es cierto que el PSOE logró enseguida desactivar el golpismo militar, aunque no sepamos muy bien todavía el precio completo que hubo que pagar por ello. En cambio, fracasó en su intento de neutralizar el terrorismo vasco, lo que produjo dos efectos perversos de incalculables consecuencias. Por un lado, hubo que apuntalar los aparatos policiales heredados del franquismo, que siguieron utilizando reglas antidemocráticas de juego con el efecto dominó que habría de dar lugar al GAL y demás casos encadenados (Cesid, Intxaurrondo, Roldán, fondos reservados, etcétera). Y por otro, se hizo posible que determinados actores políticos (como cierto nacionalismo vasco) se escudasen en la coacción terrorista para excluirse del juego democrático o amenazar con hacerlo.

Y, al advertir la impunidad con que algunos se saltaban las reglas, los demás actores enseguida aprendieron a imitarles haciendo trampas y practicando juego sucio, abundando los ejemplos en todos los bandos. Aunque cabe reconocer, sin ánimo de señalar, que las prácticas de corrupción protagonizadas por los socialistas proporcionaron el peor ejemplo a imitar. Así, para defenderse de esta competencia desleal, los partidos en la oposición la denunciaron ante los tribunales, profundizando en una judicialización de la política originalmente inventada por el PSOE para presumir de inocencia y eludir su responsabilidad. Pero sustituir las reglas políticas de juego por las reglas procesales de enjuiciamiento no sólo implica politizar la justicia, sino que también supone eliminar la condición mínima de consolidación democrática (que exige utilizar sólo reglas únicas de juego político): pues recurrir al proceso penal para condicionar el proceso político determina la ruptura del consenso procedimental democrático.

Ahora bien, si este criterio minimalista de consolidación parece haber fallado, ¿qué decir del maximalista que exige la institucionalización de una cultura política basada en el civismo y la participación? En este aspecto debemos ser todavía más escépticos, pues no parece que quepa lugar alguno para el optimismo. Las nuevas generaciones de españoles están siendo políticamente socializadas por el ejemplo que les brindan las prácticas cotidianas de la clase política actual. Y ese ejemplo no es, desde luego, el del civismo democrático, sino, en todo caso, el del más desbocado cinismo político. Con tan cínicos maestros, ¿cómo podrían aprender a ser cívicos sus avisados discípulos?