El fiscal enfrenta al juez con su actuación "atípica" e irregular respecto a Conde

El recurso del fiscal Jesús Santos Alonso contra la resolución de Miguel Moreiras que reformó la prisión decretada horas antes contra Mario Conde, Fernando Garro y Lorenzo Pericats enfrenta al juez con una serie de actuaciones que han producido alarma y escándalo. Santos reprocha a Moreiras que no decidiera sobre la apertura del juicio oral contra el ex presidente de Banesto, y desautoriza que el magistrado pretenda ampararse en los escritos de la fiscalía tanto al decidir encarcelar a Conde como al exculparle de apropiación indebida.El fiscal rechaza que su petición para que se adoptaran las "medidas cautelares pertinentes" únicamente pueda consistir, al contrario de lo que interpretó Moreiras, en la prisión provisional comunicada y sin fianza. Razona que tampoco parece que la publicación en la prensa de la calificación provisional del fiscal propicie "pensamientos de fuga en el acusado".

Otra irregularidad que denuncia es la declaración que, en la tarde del miércoles, el juez tomó a Conde, "posiblemente ya preso, aunque no ingresado en prisión, sin que de esta recepción tenga conocimiento el Ministerio Fiscal, y sin que haya constancia de haberse notificado a las demás partes personadas o acusadas" para que pudieran estar presentes.

La primera consecuencia de la improcedencia de la declaración prestada" por Conde es, en opinión del fiscal, que "deberá reproducirse con citación, de todas las partes personadas". En esa declaración, que el fiscal califica de "atípica", se vierten al parecer mayores precisiones respecto a Antonio Navalón, no acusado por el fiscal, por lo que éste sugiere que ha podido producirse "indefensión" y consiguiente vulneración de un derecho fundamental. En todo caso, el fiscal considera que ni de lo dicho por él ni de la declaración de Conde cabe deducir que no esté acreditada la apropiación indebida, por parte de Conde, de 600 millones.

En consecuencia, sostiene, "no puede ser la desaparición de ese delito, que formula el instructor en los fundamentos jurídicos del auto que se recurre, la sustentación de la libertad del acusado". Señala también que, "una vez más, el juzgado amplía, interpretativamente, lo expuesto por el fiscal", y advierte que la exculpación del delito de apropiación indebida, de mantenerse, plantearía la posible no competencia de la Audiencia Nacional, ya que ésta no es competente sobre el delito de falsedad, que sería el único que quedaría vivo contra Conde.

Denuncia también como esencial la omisión de Moreiras sobre la petición de apertura de juicio oral. Recuerda al juez que según el artículo 790.6 de la ley de Enjuiciamiento Criminal una vez solicitada por la acusación la apertura del juicio oral, "el juez de instrucción la acordará", salvo que acuerde el sobreseimiento del caso. Sin embargo, reprocha el fiscal, "ni se ha decidido el sobreseimiento ni se ha resuelto previamente sobre la primera petición, que es la esencial, es decir, la de la apertura del juicio oral".

La "atípica" declaración de Conde también mereció ayer las críticas del abogado de Antonio Navalón, a quien el ex presidente de Banesto señaló de nuevo como el receptor de los 600 millones que el banco pagó a Argentia Trust. "Conde quiere tener un chivo expiatorio sobre el que recargar posibles responsabilidades", declaró a Canal + el letrado José Manuel Gómez Benítez, quien ayer mismo pidió el sobreseimiento de las actuaciones contra su defendido.