A sangre fría

"El problema de raíz de la política en una sociedad moderna, es el control de los comportamientos profesionales".Martin Mayer, 1969

El comportamiento del juez Moreiras ha reactualizado una sensación que ya en la crisis del Banco Español de Crédito (Banesto) y otros casos de corrupción fue evidente. Si la citada crisis fue un capítulo importante de la historia reciente, no se debió solamente a los miles de millones de pesetas gastados para cubrir el déficit. Sobre todo se pudo constatar qué bajo había caído en este país el nivel de comportamiento profesional en el terreno de la banca, la auditoría, las empresas de valoraciones, la política y la prensa. La intervención del banco por el Banco de España fue adoptada, finalmente, in extremis. Y la acción en el terreno penal, más tarde, resultó ser un intento de no dejar impunes delitos económicos importantes.

Pero los viejos hábitos profesionales siguen en pie, y se han encarnado, al menos durante estos días, en el juez Moreiras, titular del juzgado número 3 de la Audiencia Nacional. Durante todos estos meses, el juez mantuvo el procedimiento sobre tres facturas pagadas por Banesto (dos a Publitax por un total de 44,8 millones y una a Argentia Trust por 600 millones) con un objetivo mayor: solicitar para sí, por acumulación y/o conexidad, también el procedimiento que instruye su colega, Manuel García-Castellón, el llamado caso Banesto.

Fue en el momento exacto en el que tenía que adoptar una decisión crucial, precisamente, cuando Moreiras ha perpetrado las acciones irregulares del pasado miércoles. Una vez hecha la calificación por el fiscal Ignacio Gordillo, el 5 de octubre pasado, y conseguido el visado del fiscal jefe, José Aranda, el martes 10, el juez tenía que hacer sus deberes: dictar el auto de apertura de juicio oral. Al dar este paso, el juez terminaba su relación con el caso Argentía Trust-Publitax, que pasaba a la otra fase, en la que debía señalarse fecha para celebrar juicio oral.

La lógica de Moreiras de retrasar lo más posible el cierre de este procedimiento es coherente con sus decisiones de primeros de agosto en relación con el caso Banesto que instruye García Castellón. Los abogados de Conde esperaron hasta dos días antes de que García-Castellón se marchase de vacaciones, el 14 de agosto, para presentar la propuesta de nuevas diligencias, como el nombramiento de peritos, la citación de 24 nuevos testigos, la repetición de 22 declaraciones realizadas bajo el secreto sumarial y una comisión rogatoria a Panamá.

El juez titular del caso se marchó y Moreiras, que le sustituyó, resolvió admitir las peticiones. No había nada urgente. No se trataba, por ejemplo, de un asunto de prisión, por el que, dicho sea de paso, Moreiras nunca ha demostrado respeto.

No. Nadie, por ejemplo, iría a ser citado para prestar declaración en el mes de agosto, ni los peritos, como se demostró más tarde, abandonarían sus lugares de veraneo para presentarse en la calle de Génova. Pero Moreiras se sintió al volante de lo que para él parece ser una especie de Ferrari Testarrosa, es decir, el caso de su vida, el de Banesto, y aceptó las peticiones de Conde, para condicionar a García-Castellón y retrasar la instrucción de éste.

En los días previos, a mediados de julio, tanto Mariano Gómez de Liaño como Jesús Santaella visitaron a Moreiras. Tenían todo su derecho para intentar que el juez les hiciera caso. Pero este tipo de compincheo no es irrelevante para conocer los comportamientos antiprofesionales del juez.

La repetición de las 22 comparecencias, por ejemplo, consumió un mes al completo, septiembre, de la instrucción sumarial. Por el tipo de preguntas realizadas en las declaraciones no está claro que la defensa de Conde quisiera obtener algo concreto.

En cambio, parece más razonable la hipótesis de que mientras mantenían contactos con el Gobierno, durante los meses de julio y agosto, para conseguir sus exigencias a cambio de devolver los papeles del Cesid presuntamente sustraídos por el coronel Juan Perote, los abogados pensaran que era mejor ganar tiempo y volver a ensayar el derrocamiento de García-Castellón en el Consejo General del Poder Judicial, a primeros de noviembre.

El hecho pues, es que Moreiras movió ficha en agosto. García-Castellón, al regresar de vacaciones, admitió dos de las cuatro peticiones. Moreiras y la defensa de Conde, por tanto, sabían que el mes de septiembre estaba ganado para la causa de la dilación y perdido para la instrucción. Y a primeros de noviembre, el CGPJ debería decidir otra vez sobre los seis meses de García-Castellón.

En abril, Santaella había fallado la puntería en el CGPJ. Pero ahora, desde el 1 de septiembre, última reunión en La Moncloa, el abogado preparaba toda su artillería -más información del Cesid a filtrar- para ablandar al Gobierno y conseguir sus reivindicaciones: apartar a García-Castellón, relevar a los peritos del juzgado que elaboran el informe pericial, suspender la inspección fiscal a Gómez de Liaño y, finalmente, el respeto de los contratos blindados de Mario Conde y la pérdida patrimonial sufrida por la diferencia del precio de las acciones de Banesto en su poder. Es decir, los 14.000 millones.

Era necesario mantener todos los frentes abiertos. Si fallaban unos, se podía intentar los otros. Sin duda, Moreiras y sus facturas eran otro frente. El juez y el acusado coincidían: Moreiras quería el caso Banesto para sí, y Conde le prefería antes que seguir en manos de García-Castellón. La vía de Moreiras era la de mantener abierto el procedimiento, porque, una vez cerrado con el auto de apertura de juicio oral, el sueño de la conexión o acumulación se desvanecía.

El fiscal Gordillo terminó la calificación. Cuando los abogados del ex banquero vieron que el fiscal acusaba a Conde de un delito de apropiación indebida y de falsedad, mientras que el ex asesor Antonio Navalón, sobre el cual Conde y su círculo hicieron insinuaciones sotto voce y declaraciones en la prensa próxima, no había sido inculpado, decidieron su táctica.

Se trataba de ayudar a Moreiras a resolver el caso. Los 600 millones pagados a Argentia Trust habían sido una sugerencia de Navalón. Conde ya lo había dicho ante el juez el 18 de octubre de 1994. Pero esta vez lo diría un poco más directamente.

En lugar de elaborar el auto de juicio oral, como le pedía Gordillo, el juez hizo el miércoles 11 un auto de prisión de Conde y otros tres implicados, entre ellos una persona ya fallecida. Ordenó a la Policía Judicial detener a Conde, sin consultar con nadie de la fiscalía. El ex banquero y su abogado le ofrecieron entonces su versión. Moreiras no quiso a ningún testigo. Sus maquiavélicos planes de pacotilla tendría.

Se vieron. Conde le hizo algunas insinuaciones baratas sobre el posible destino político de los 600 millones y que el villano era Navalón. Pero aun así, Moreiras hizo el paripé ante el fiscal jefe de que seguía decidido a enviarle a la cárcel.

Moreiras, pues, actuó con premeditación y alevosía, y es incluso dudoso, según. fuentes que le han frecuentado en los últimos días, que hubiese querido enviar a Conde a la cárcel. Quiso, ante todo, hacer una demostración anticondista, a la luz de su conducta reciente amistosa con los abogados der ex banquero, de bajo coste. Y encontró en Aranda la tabla de salvación. Él, Moreiras, quería bajar el hacha, pero la mano de Aranda lo impidió. Lo único cierto es que Aranda le aconsejó revisar la prisión. Si él hubiese querido se habría mantenido en sus trece.