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Editorial:

La guerra de Ceuta

SI DURANTE meses no se hace nada para impedir la entrada ilegal de inmigrantes y no se regula después su situación determinando, en cada caso quién debe ser expulsado y quién admitido de acuerdo con la Ley de Extranjería, lo lógico es que esa creciente bolsa humana, abandonada a su suerte, desesperada y con medios precarios de vida, estalle sin remisión. Los incidentes de Ceuta muestran los efectos gravísimos que puede ocasionar esa política de brazos cruzados.Las autoridades investigan ahora esos incidentes y sus causas. Deben hacerlo. Pero mejor hubiera sido prevenirlos. El balance de esa explosión de violencia incluye a un policía herido de gravedad por disparo de bala, sin que se haya determinado de momento si fue herido involuntariamente por un compañero durante la refriega o si el disparo fue hecho desde las filas de los inmigrantes,dos de éstos también resultaron gravemente heridos a causa de los golpes recibidos, y varias decenas más de policías e inmigrantes sufrieron heridas de diversa consideración. Pero más grave que ese enfrentamiento ha sido la actitud xenófoba de algunos ciudadanos, que, ante la pasividad policial, agredieron y vejaron a cuanto inmigrante se ponía a mano. Y no menos lo ha sido la comprensión que ha encontrado esa actuación violenta y los intentos de linchamiento de inmigrantes en el presidente del PP de Ceuta.

Hace menos de quince días, el Defensor del Pueblo previno sobre la posibilidad de un estallido como el producido. En un escrito remitido al Ministerio del Interior, tras una visita efectuada a Ceuta, uno de los adjuntos a dicha institución calificó la situación de explosiva: centenares de inmigrantes deambulaban por la ciudad, abandonados a su suerte y en condiciones miserables de vida. Pero nada se hizo entonces, como nada se hizo con anterioridad. No es la primera vez que el Defensor del Pueblo da la voz de alarma sobre la situación creada en esa especie de tierra de nadie en que se ha convertido la línea fronteriza entre España y Marruecos. El pasado mes de julio hubo un conato que pudo ser neutralizado y hace tres años se vivieron en Melilla momentos dramáticos ante la suerte de 80 inmigrantes africanos rechazados a la vez por España y por sus países de origen.

Desde hace algunos años, las ciudades españolas del norte de África se han convertido en paso obligado de muchos inmigrantes que, provenientes de los países subsaharianos, llaman a las puertas de Europa. Ceuta, sobre todo, ha pasado a ser uno de los puntos neurálgicos de la cada vez mas invulnerable frontera exterior de la zona sur de la Unión Europea. Pero esta nueva situación no parece que haya sido asimilada del todo por las autoridades políticas y administrativas españolas.

Se podrá o no estar de acuerdo con las decisiones que han ido haciendo de Europa una especie de fortaleza amurallada frente a las oleadas de inmigrantes que pretenden entrar en ella por los cuatro puntos cardinales. También sobre las motivaciones que fundamentan esa política: obstaculizar la entrada de traficantes de droga o de otros delincuentes de altos vuelos e impedir la competencia laboral, por lo demás difícilmente existente en la práctica, entre la inmigración interior de los países de la UE y la exterior. Pero lo que no se puede hacer es precisamente no hacer nada y dejar que la situación se pudra.

No hacer nada es lo que ha hecho la Delegación del Gobierno en Ceuta y el ministerio correspondiente. Y es lo que, a veces, dan la impresión de hacer las autoridades de inmigración españolas en puertos, aeropuertos y zonas fronterizas. Son muchos los inmigrantes retenidos durante mucho tiempo en esos lugares sin que se les admita y sin que se les expulse. La falta de expectativas para cruzar el estrecho de Gibraltar ha sido la razón fundamental de los incidentes de Ceuta. Y es que la respuesta a sus demandas no puede consistir sólo en un continuado y desesperanzado "vuelva usted mañana".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 13 de octubre de 1995