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Los afectados de la colza reclaman 600.000 Millones

Las víctimas piden la condena de los siete inculpados para cobrar del Estado las indemnizaciones

Un centenar y medio de afectados por el síndrome tóxico siguieron ayer en la Audiencia Nacional, en Madrid, la primera sesión del juicio a cinco ex altos cargos de la antigua Unión de Centro Democrático (UCD) y dos ex concejales, cuya condena determinaría la responsabilidad civil subsidiaria del Estado y el pago de unas indemnizaciones que los abogados de los perjudicados cifran en unos 600.000 millones de pesetas. En el exterior del tribunal, varios centenares más de víctimas, provistos de pancartas con lemas alusivos al envenamiento de 1981, mantuvieron cortada al tráfico la calle de Génova durante toda la mañana. La primera jornada se consumió entre interminables debates técnico-jurídicos sobre la competencia y la nulidad de actuaciones.

Los siete inculpados se sentaron en el banquillo en medio de un tenso silencio y permanecieron en actitud hierática durante todo el tiempo. En el estrado, representantes de 18 acusaciones, en nombre de otras tantas asociaciones de afectados, piden para ellos penas de entre seis años y once años y cuatro meses por los presuntos delitos de imprudencia temeraria profesional, con resultado de muerte, y de lesiones. Frente a las acusaciones, el fiscal, la Abogacía del Estado y los defensores solicitan su libre absolución al entender que los hechos no son constitutivos de delito alguno.Los acusados son Manuel Hernández Bolaños, ex jefe del laboratorio de Aduanas; José Guilló, ex director general de Consumo; Federico Povedano, ex jefe de Importación de Productos Agrícolas; Antonio Bardón Artacho, ex jefe del Servicio contra Fraudes; Roberto Conty, ex subdirector de Alimentación; Casimiro Pacios, ex concejal de Alcorcón (Madrid), y Miguel Casado, ex concejal de Valladolid.

La sesión se consumió entre largas peroratas de los abogados sobre cuestiones de competencia y nulidad de actuaciones sin que diese margen a comenzar el interrogatorio de los inculpados. El tribunal resolvió en primer lugar declararse competente después de que varios de los defensores cuestionaran que el caso pudiese ser examinado por la Audiencia Nacional.

Varios acusadores criticaron el auto de apertura del juicio oral, dictado por el juez Carlos Bueren, en el que se indica que de las eventuales indemnizaciones deberían descontarse las cantidades anticipadas por la Administración por razón de fallecimiento o asistencia sanitaria.

Según el abogado Antonio García Pablos, Bueren decidió por su cuenta deducir de las indemnizaciones lo ya gastado por el Estado en atenciones a los afectados, lo que, a su juicio, infringe el derecho de éstos a percibirlas. El letrado destacó que sus defendidos quieren que se les haga efectiva una indemnización ."sin descuentos".

Los letrados de la acusación se oponen también a que los acusados puedan ausentarse de las sesiones del juicio. El abogado de Conty alegó que su defendido cuenta más de 70 años y tiene un delicado estado de salud, por lo que pidió que pueda ausentarse del tribunal en las sesiones en que no sea necesaria su presencia.

Tras la resolución de la competencia a favor de la Audiencia, los defensores pidieron la nulidad de las actuaciones por vulneración de derechos fundamentales, entre otros el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (dura ya 14 años). La letrada Doris Benegas dijo que había estado "persiguiendo" al inculpado Povedano para que declarase durante el año y medio que fue consejero de la embajada de España en Australia.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 10 de octubre de 1995