EI PP y la Abogacía del Estado no acusan a los banqueros y empresarios en el 'caso Filesa'.

El Servicio Juridico, del Estado y el Partido Popular, personados como acusación en el caso Filesa, han excluido a los banqueros y empresarios inculpados por el juez Marino Barbero de sus respectivos escritos de acusación, en los que solicitan la apertura del juicio oral. El PP, que presentó su escrito en el juzgado de guardia para retrasar su llegada al Tribunal Supremo, ha decidido mantenerlo secreto por el momento, y sólo ha trascendido que dirige la acusación contra militantes o empresarios de la órbita del PSOE. La Abogacía del Estado no presentará cargos contra el senador Josep Maria Sala.

El escrito del Servicio Jurídico del Estado no presenta acusación por todos los delitos posibles, sino sólo por aquéllos en los que el Estado ha sido perjudicado. Según fuentes jurídicas, el abogado del Estado no presenta cargos contra el senador Sala por entender que su actuación "no ha causado perjuicio al Estado". También entiende que al tratarse de un aforado, no puede acusarle más que por aquéllos delitos por los que el Senado autorizó a proceder contra él, entre los que no se encuentra el de asociación ilícita, del que le acusa el fiscal. El Servicio Jurídico del Estado entiende también que las falsedades documentales que sirven de instrumento para cometer delito fiscal no son punibles.Asimismo, añade que la Ley 6/95 que reformó el pasado 29 de junio el Código Penal impide perseguir penalmente a los banqueros y empresarios que regularizaron su situación fiscal ante Hacienda, por lo que excluye de la acusación a todos los empresarios y banqueros que presentaron declaraciones complementarias pata regularizar su situación.

Delito y financiación

La Abogacía del Estado es la única acusación que mantiene que la financiación irregular de un partido político no es delito en España. Las fuentes consultadas apuntaron que la captación ilegal de fondos por una formación política vulnera la Ley de Financiación de Partidos, pero eso no constituye delito. La defensa del Estado mantiene. también que los delitos que no tengan conexión con la conducta del aforado no tienen por qué ser perseguidos ante el Supremo.

El Servicio Jurídico del Estado solicita penas de 12 años y ocho meses e indemnización de 767 millones de pesetas para el ex diputado socialista Carlos Navarro y los socios en Filesa Luis Oliveró y Alberto Flores, por delitos fiscales y de falsedad en documento mercantil.

Por no haber regularizado su situación ante Hacienda, se piden para Julio Calleja, de la empresa ABB, tres años y seis meses y 105 millones por falsedad y delito fiscal, pero se excluye a los responsables del Banco Bilbao Vizcaya y el Central, y a los de las empresas Cepsa, Focsa, Elsan y Enasa.

Respecto a los responsables de las empresas proveedoras del PSOE, pide, por falsedad documental, ocho años para Aida Álvarez y Soledad Morales (Tecnología 2020); cuatro años para José Ramón Lorenzo Elvira (Hauser y Menet); tres años para Iñigo Larrazábal (El Viso Publicidad), Ramón Gómez Redondo (Mabuse), Antonio Bartolomé (Mabuse), y uno para Miguel Molledo (Grupo 2020) y María Rosario García Lucero (Producciones Dobbs).