Ruiz-Gallardón autoriza 10 meses de pruebas en Valdemingómez

El Gobierno regional de Alberto Ruiz-Galardón empezó ayer a demostrar que gobierna. Ahora, cuando llega a sus primeros 100 días y después de una transición elegante, tiene prisa por "visualizar" el cambio. El primer pleno ordinario de la legislatura no sólo sirvió para apreciar la nueva moqueta de la Asamblea, sino para aprobar la reducción del 50% del recargo autonómico del impuesto de actividades económicas (IAE) y para autorizar 10 meses de pruebas de la incineradora de Valdemingómez.

Llegaron los diputados regionales con ansias a la primera refriega dialéctica de la legislatura. La agresividad se palpaba. El presidente de la Comunidad respondió directamente a tres de las preguntas planteadas por los parlamentarios. El diputado de IU Julio Setién reclamó una moratoria en la puesta en marcha de la incineradora de Valdemingómez hasta que se tramitara en la Cámara una Ley de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos.Ruiz-Gallardón no eludió la respuesta. No sólo no habrá moratoria alguna, sino que concederá al Ayuntamiento un plazo de 10 meses para que ponga a prueba la instalación. Entiende que el equipamiento, tal y como está proyectado, cumple todas las normas y directrices españolas y europeas y que los riesgos sanitarios no deben de ser tales cuando incineradoras como la de Valdemingómez funcionan en Francia o Alemania.

Manuel Cobo, portavoz del PP, le preguntó sobre las consecuencias que tendrá para la Comunidad la prórroga de los presupuestos estatales en 1996. Ruiz-Gallardón fue contundente: desastrosas. Y se atrevió incluso a cuantificarlas: entre 11. 000 millones y 15. 100 millones menos a los previstos en la participación estatal de los presupuestos regionales.

Otras cuestiones de la tarde fueron las acciones a emprender para evitar los peligros de los encierros taurinos. El consejero de Presidencia, Jesús Pedroche, anunció que llevará el próximo mes la reforma del reglamento que regula estos espectáculos al seno de la Federación de Municipios de Madrid con el fin de profesionalizar estos actos.

El pleno acabó con la aprobación de una ley ya muy conocida, la reducción en un 50% del recargo autonómico del impuesto de actividades económicas. El portavoz de IU, Juan Antonio Candil, intentó ridiculizar el impacto real de la rebaja. Piensa que los afectados no la notarán en la creación de empleo y la Comunidad, en cambio, sí en el recorte de sus ingresos (3.200 millones).

IU y PSOE profundizaron en este punto en la contradicción que supone que una comunidad del PP promueva esta iniciativa y ayuntamientos del mismo partido no la acaten. El consejero de Hacienda, Antonio Beteta, defendió la rebaja como "otra visualización del cambio de gobierno".