Sala insnúa que se le acusa por Filesa para retener el caso en el Supremo

La elevada cuantía de las penas de cárcel pedidas por el fiscal del caso Filesa, Antonio Salinas, que alcanzan los 24 años de prisión en el caso del ex senador Carlos Navarro, sorprendió ayer en medios jurídicos y políticos, aunque los portavoces de distintos grupos subrayaron la necesidad de esperar el pronunciamiento del Tribunal Supremo en el juicio a los inculpados que en su día determine el instructor Enrique Bacigalupo.

El senador socialista Josep María Sala, para quien el fiscal pide siete años de prisión por presuntos delitos de asociación ilícita y falsedad en documento mercantil, insinuó ayer que ha sido acusado para que la causa continúe en manos del Tribunal Supremo. Sala es el único inculpado que es aforado, de modo que si fuese exculpado el caso podría ser remitido de nuevo a la jurisdicción ordinaria, posiblemente a la Audiencia Nacional.El dirigente del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSCPSOE) se reafirmó en su declaración de inocencia y en su petición de que el proceso concluya cuanto antes. Sala aseguró que las acusaciones del fiscal "no tienen ninguna base" y afirmó que, a la vista del sumario del caso Filesa, "hace tiempo que yo debería haber sido exculpado".

Un portavoz del PSOE manifestó que cuanto antes termine el proceso, "mejor para todos, porque ya van cuatro años de instrucción del sumario". Preguntado si considera fuertes las penas solicitadas por el fiscal agregó: "Desde luego, no son livianas".

El portavoz de CiU en el Congreso, Joaquim Molins, dijo que le ha sorprendido el volumen de las penas solicitadas por el fiscal del caso Filesa. Tras conocer el informe, que implica a 23 personas en la presunta financiación ilegal del PSOE, Molins señaló que "no creía que las cosas fueran por ahí" y destacó que en este momento es difícil determinar las responsabilidades políticas aunque, en cualquier caso, aclaró que serían responsabilidades de dirigentes del PSOE, no del Gobierno.

El portavoz de CiU manifestó que uno de los trabajos esenciales que deberían haber hecho los diputados en esta legislatura es eliminar la opacidad que, a su juicio, sigue existiendo en la financiación de los partidos políticos. Para Molins, habría sido imprescindible llevar a la práctica las conclusiones de la comisión del Congreso que ha investigado la financiación de los partidos y, en concreto, los casos Filesa y Naseiro.

Desde otra perspectiva, el PP e IU. coincidieron en que las penas solicitadas por el fiscal demuestran que el PSOE urdió una trama de empresas para financiarse ilegalmente.

La portavoz adjunta del PP, Loyola de Palacio, dijo en los pasillos del Congreso que sólo le ha sorprendido que el fiscal no haya solicitado también el procesamiento de Felipe González y de Alfonso Guerra. La portavoz popular justificó este planteamiento en las responsabilidades "directísimas" que tienen ambos en el funcionamiento, del PSOE.

El coordinador de la presidencia de IU, Mariano Santiso, fue todavía más lejos y aseguró que la trama de Filesa afecta al propio sistema democrático.