El fiscal pide 4 años de prisión para el directivo del BEF Francisco Peiró

El fiscal de la Audiencia Nacional ha solicitado al juez que dicte la apertura de juicio oral contra el directivo del desaparecido Banco Europeo de Finanzas (BEF) Francisco Peiró Navarro, para quien pide una condena de cuatro años y dos meses de prisión por un delito de apropiación indebida de más de 100 millones de pesetas.En su escrito de conclusiones provisionales, el representante del ministerio público estima que Francisco Peiró, que ocupaba cargos directivos en Eurocapital y en el BEF, ejerció en todo momento la dirección ejecutiva del banco, "controlando su contabilidad, ostentando su representación, firmando por apoderamiento del mismo, y actuando por cuenta y en beneficio de la citada entidad banc aria".

Desde los últimos meses de 1990, la oficina del BEF en Bilbao (Vizcaya), creada en abril de ese año, había recibido orden de que se captasen capitales mediante la emisión de un simple recibo, resguardo de ingreso en en ventanilla o abonaré, como si se tratase de un ingreso en una cuenta corriente. Se ofrecía un interés de un 6%, muy superior al normalmente ofrecido por las cuentas corrientes, a los depósitos de dinero "fiscalmente opaco".

Así, los inversores o depositantes acudían al banco, entregaban el dinero en cheques o figuraban comprar activos, se les daba a cambio un recibo acreditativo de la entrega, y se les prometía la devolución del depósito y de los intereses en el plazo convenido de vencimiento.

El fiscal considera que Francisco Peiró extrajo, a partir de noviembre de 1990, cantidades ingresadas a nombre de la sociedad Almojar, controlada por el financiero. De esta forma, cuando el BEF suspendió pagos en octubre de 1991, no pudieron devolverse las cantidades devengadas por los inversores.

Asimismo, estima que Peiró ocultó la contabilidad del banco y sus actividades en relación con la cuenta de Almojar S A, sacándola de los locales del BEF. Esta documentación fue encontrada en la consigna de la estación de ferrocarril de Madrid-Chamartín el 13 de noviembre de 1991. El perjuicio a los inversores alcanzó los 46 millones de pesetas.