Entereza en la familia, debate entre los políticos

LARA OTERO, El hallazgo del cuerpo de Anabel Segura desató ayer un debate político sobre el cumplimiento íntegro de las penas. No es la primera vez. Ocurrió ya tras el asesinato de las tres niñas de Alcásser, cuyos cadáveres fueron hallados en 1993.José María Aznar, presidente del PP, ha solicitado largas condenas para asesinos de ese tipo. Y ayer expresó su deseo de que los que cometieron una "barbarie" con Anabel Segura "lo paguen para siempre".

La diputada del PP Isabel Tocino, vecina de la familia Segura, llegó poco antes de las 14.00 de ayer a la casa de Anabel. "Que se pudran en la cárcel", espetó. "Es imprescindible el cumplimiento íntegro de las penas".

La contundencia de Tocino contrastaba con la serenidad de la familia. Uno de los tíos de Anabel, Alfonso Segura, declaró que la familia, por sus creencias religiosas, no es capaz de "acumular sentimientos de odio contra los culpables".

Federico Trillo, portavoz de Justicia del PP en el Congreso, aprovechó para criticar el futuro Código Penal y señalar que reducirá las condenas por violación y asesinato. Añadió que el PP propone el cumplimiento íntegro de las penas por narcotráfico y terrorismo.

El presidente Felipe González respondió a esas declaraciones: "Cuando se habla del cumplimiento íntegro de las condenas no se está respetando el texto constitucional". (Su artículo 25 señala: "Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social [ ... ]. El condenado [ ... ] tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad". Ese trabajo penitenciario se premia con reducciones de condena).

Pero algunos de sus compañeros de partido hicieron caso omiso. José Bono, presidente de Castilla-La Mancha, dijo que lo único que podía pedir para esos desperdicios de la humanidad" es que cumplan íntegramente sus condenas. Y una ministra, la de Asuntos Sociales, Cristina Alberdi, se expresaba en términos similares.

Las distancias internas se produjeron también en el PP. El presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, quien visitó con su esposa a la familia Segura, se limitó -preguntado al respecto- a apelar al Estado de derecho y señalar que "lo importante es que los asesinos están ya a disposición judicial".

Diego López Garrido, diputado y portavoz de Justicia de IU, acusó de "demagogo" a Federico Trillo por aprovechar una tragedia para arremeter contra el Código Penal.