La Junta de Fiscales, a favor del suplicatorio contra Barrionuevo por el "caso GAL"

La Junta de Fiscales de Sala, principal órgano asesor del fiscal general del Estado, se pronunció ayer por votación a favor de proponer la Sala Segunda del Tribunal Supremo que envíe al Congreso de los Diputadosel suplicatorio para actuar contra el ex ministro del Interior José Barrionuevo por su implicación en el caso GAL. Los fiscales insistieron en la necesidad de que se designe instructor para que, antes que nada, realice las investigaciones precisas sobre, las acusaciones contra los cuatro aforados. El debate, presidido por el fiscal del Estado, Carlos Granados, duró cuatro horas y media, y al término del mismo se decidió no dar ninguna información sobre sus conclusiones a los periodistas que aguardaban el desenlace.

Fuentes del Tribunal Supremo descartaron anoche que el Ministerio Fiscal solicite de entrada promover los suplicatorios para proceder contra los otros tres aforados en este caso: el presidente del Gobierno, Felipe González; el ex vicepresidente Narcís Serra y el diputado Txiki Benegas. En todo caso, los fiscales coincidieron en la necesidad de no tomar decisiones sin una mínima actividad instructora.La Junta de Fiscales descartó que el fiscal proponga al Supremo el archivo de las actuaciones de plano, sin más pesquisas, lo que significaría la devolución del caso GAL al juez Baltasar Garzón para que prosiguiera el sumario contra los no aforados.

En cuanto a la toma de declaración a los cuatro aforados, la Junta de Fiscales estimó que sólo propondrá esas diligencias conforme la investigación previa las requiera, en su caso, si bien las imputaciones hasta ahora expuestas por Garzón al Supremo contra Barrionuevo justifican, a juicio de la mayoría de la junta, la petición del suplicatorio.

Comprobaciones precisas

Los fiscales insistieron en que es preciso que el instructor que designe el Supremo realice las comprobaciones precisas sobre las acusaciones contra los aforados. Para ello deberá llamar en principio al ex dirigente socialista Ricardo García Damborenea y al ex director de la Seguridad del Estado Julián Sancristóbal.

La junta ha tenido en cuenta la doctrina, establecida por el Supremo en el caso Crillon, que avala la previa investigación. El instructor de aquel caso, Eduardo Moner, lo primero que hizo fue llamar a declarar al ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán para que ratificase sus acusaciones contra los ex ministros Narcis Serra y Julián García Vargas. En una resolución de 26 de mayo de este año, Moner manifestó que "deberá efectuarse una valoración, siquiera sea provisional, de la atribución que se verifique de un hecho que revista caracteres delictivos, para concretar si aquella efectivamente pueda estimarse fundada o, por el contrario, es infundada, inverosímil o imposible en su contenido".

Tal evaluación hace más necesaria, . en opinión de los fiscales, la designación de magistrado instructor, como anticipó en julio el propio fiscal general cuando la fiscalía presentó el informe sobre la competencia de la Sala Segunda en el caso GAL. Granados explicó entonces que la solicitud de designación de instructor se haría en el informe sobre el fondo del asunto, tras asumir el Supremo su competencia.

Durante la instrucción del caso Crillon el Supremo dejó claro que no se puede atribuir la condición de "imputado" a los aforados sin que antes se realicen unas mínimas comprobaciones por parte del instructor. Pese a las insistentes solicitudes de la representación del ex banquero Mario Conde e incluso del Ministerio Fiscal para que a Narcís Serra y Julián García Vargas se les considerase imputados, el instructor, primero, y la Sala Segunda, después, rechazaron esta posibilidad, y la causa se archivó sin que los dos, ex ministros declarasen siquiera.

Deliberación jurídica

A pesar del mutismo oficial sobre el contenido de esta reunión, fuentes próximas, a la junta aseguraron que el planteamiento con, que se produjo la deliberación fue estrictamente jurídico y que en él se tuvieron en cuenta las modalidades de instrucción de las causas especiales contra aforados y, en general, la función del Ministerio, Fiscal como promotor de "la acción de la justicia en defensa de la legalidad", según el mandato constitucional.

Aunque se aceptó el criterio anticipado por uno de los miembros de la junta de que la instrucción se realice como la de "cualquier sumario", varios fiscales, según las mismas fuentes, plantearon la importancia del asunto, por tratarse del presidente del Gobierno y otros tres aforados. En consecuencia, se propuso que el fiscal encargado del caso consulte con la junta las diligencias más relevantes que considere necesario solicitar al instructor.