El Estado pagará tres millones por un asesinato cometido por tres policías
El Tribunal Supremo ha confirmado la responsabilidad civil subsidiaria del Estado establecida por la Audiencia Provincial de Madrid cuando condenó a 30 años de cárcel a tres policías por asesinar en 1983 a Antonio Vilarino, considerado delincuente habitual, cuando circulaba en un taxi por Madrid.El Supremo adopta esta decisión en una sentencia que desestima el recurso del abogado del Estado contra la dictada el año pasado por la Audiencia, que impuso a los policías José María Pérez Gutiérrez, Jaime Ignacio Cabezas de Herrera y Abelardo Rafael Martínez García la pena referida y el pago conjuntamente de tres millones de pesetas a la hermana de Vilariño. De esta forma, el Estado se hará cargo del pago en el caso de que no lo hagan los condenados.
Según la sentencia, en la mañana del 6 de octubre de 1983, los policías recibieron la confidencia de la localización de Vilariño y decidieron montar un dispositivo para seguirle y "tratar de averiguar su domicilio" y sus contactos. Uno de los agentes pudo ver al delincuente junto con su compañera montando en un taxi, momento en el que tres vehículos policiales, en uno de los cuales viajaban los tres condenados y un cuarto policía que no ha sido identificado, comenzaron a seguirle, aunque le perdieron de vista. Más tarde, los policías localizaron de nuevo al taxi. Cuando el taxi se detuvo ante un semáforo en rojo, el coche en el que viajaban los policías se colocó detrás y se bajaron sin que antes se identificaran como policías.
Cabezas se colocó en la parte trasera y apuntó con su pistola a la compañera de Vilariño, el policía sin identificar hizo lo mismo con el taxista, mientras que. los otros dos abrieron las puertas y uno de ellos disparó sobre el delincuente.
