El PSOE quiere prohibir las donaciones anónimas y de empresas a los partidos

El PSOE quiere prohibir las donaciónes anónimas a los partidos. La ley limita actualmente estas aportaciones opacas al 5% de la subvención a los partidos consignada cada año en los Presupuestos del Estado, lo que en 1995 supone hasta 450 millones de pesetas. Los socialistas proponen también la prohibición de los donativos de las empresas a las fuerzas políticas. Por el contrario, admiten elevar de 10 a 25 millones al año la cantidad que puede donarles un particular, con carácter público y derecho a desgravación, según el proyecto de ley de Régimen Jurídico de los Partidos Políticos.

El proyecto de ley, que el PSOE se propone presentar a las demás fuerzas políticas en septiembre, no será bien acogido por el Partido Popular y por Convergència i Unió (CiU), pues no están de acuerdo con que desaparezcan las donaciones anónimas que, aunque con fuertes limitaciones, permiten este año a cada partido manejar hasta un máximo de 450 millones de pesetas de cuyo origen no hay que dar explicaciones al Tribunal de Cuentas.Tanto el ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, como el secretario de Relaciones Políticas e Institucionales del PSOE, Txiki Benegas, mantuvieron en los últimos meses reuniones discretas con los representantes de otros partidos para darles a conocer sus intenciones sobre la reforma de la financiación de los partidos. Ante la falta de acuerdo, la discusión quedó pospuesta.

Al menos en dos puntos hay desacuerdo con el PP y CiU. En la supresión de las donaciones anónimas y en la prohibición de las aportaciones de las empresas a los partidos. El artículo 21 del proyecto de ley prohibe expresamente las donaciones "de carácter anónimo", "de entidades mercantiles" y "de organizaciones empresariales, profesionales o sindicales".

Los particulares podrán donar hasta un máximo de 25 millones de pesetas anuales, que se incrementará cada año en función del índice de Precios al Consumo (IPC), con la excepción de los administradores o directivos de empresas públicas; así como de los de empresas privadas que tengan contrato vigente con la Administración o participen en concursos públicos.

Quienes hagan donaciones a un partido tendrán que identificarse. Las cantidades abonadas se ingresarán en cuentas de entidades de crédito exclusivamente destinadas a este fin. Al realizar el ingreso, se hará constar el nombre y número de identificación fiscal de la persona que realiza el donativo.

Deducción en el IRPF

Como contrapartida, los ciudadanos que den dinero a un partido podrán deducir de la cuota del Impuesto sobre la Renta (IRPF) el 15% de las cantidades abonadas en concepto de cuotas o donaciones, con el límite máximo de 100.000 pesetas anuales y siempre que la base de esta deducción no exceda del 10% de la base liquidable del sujeto pasivo.Los partidos podrán recibir financiación del extranjero, con arreglo a los mismos límites y a la legislación sobre movimientos de capitales, pero no de gobiernos u organismos públicos de otro país. El proyecto exime a los partidos del pago del impuesto de sociedades y de la obligación de presentar liquidaciones periódicas del IVA.

El Tribunal de Cuentas sigue siendo el encargado de controlar la actividad econónica de los partidos. El resultado de la fiscalización anual se hará mediante un informe a las Cortes. Posteriormente, se publicará en el Boletín Oficial del Estado, haciendo constar las irregularidades observadas.

Al contrario de lo que sucede ahora, el Tribunal de Cuentas podrá sancionar el incumplimiento de obligaciones por los partidos, reduciéndoles la subvención en la cuantía que corresponda o imponiéndoles un multa equivalente al doble de la aportación ilegalmente percibida si se trata de donaciones prohibidas.

Cuando el carácter de las infracciones fuera muy grave o reiterado, el Tribunal de Cuentas podrá disponer que no se libre al partido infractor "una parte o la totalidad de la subvención anual para gastos de funcionamiento". Inmediatamente, pondrá en conocimiento del Ministerio fiscal las irregularidades apreciadas por si fueran constitutivas de delito.

Las personas y entidades que mantengan relaciones económicas con los partidos estarán obligadas a prestar su colaboración al Tribunal de Cuentas, facilitándole "información y justificación detallada de sus operaciones", cuando así se les requiera. Uno de los obstáculos con que tropezó el Tribunal de Cuentas cuando investigó el caso Filesa fue precisamente su incapacidad para exigir información a las empresas privadas que habían realizado negocios con el PSOE.

El proyecto legaliza las subvenciones que los grupos políticos vienen recibiendo de los ayuntamientos y diputaciones, aunque no están previstos en la vigente ley, y señala que la subvención anual del Estado a los partidos para su funcionamiento se actualizará según el IPC.