Las coincidencias de la guerra sucia y el 'caso Navajas'

Los informes que realizó en su día el fiscal Luis Navajas sobre la corrupción en Intxaurrondo y los que realizó sobre la misma materia el jefe del cuartel, coronel Enrique Rodríguez Galindo, y la dirección de la Guardia Civil confluían en un listado de 21 guardias y oficiales del centro como sospechosos de presuntas connivencias con contrabandistas y narcotraficantes.Con la suma de los tres listados se obtenía una amplia relación que incluía al coronel Rodríguez Galindo; los capitanes Fidel del Hoyo Cepeda, Juan José García Campo y Juan Flores Manso; los tenientes José Guisado Fernández y Joaquín Collado Callau; los sargentos Enrique Dorado Villalobos, Fabián Dorado Villalobos, Luis González Alonso, José de la Peña Fernández y José Rancaño; los cabos Juan Pedro Moreno Rey, Jesús Sanzol Urraiz y Segundo Morales, y los guardias Francisco Hermida Bouzas, Luis Sandoval Campos, Alfonso Vicaría Hevia, Francisco del Moral Bautista, Jesús María Carrillo Cordero y Juan Camero.

Uno de los equipos antiterroristas que gozaba de la máxima confianza del coronel Rodríguez Galindo y del responsable de información en Intxaurrondo, comandante Ángel Vaquero -hoy destinado en Murcia-, era el dirigido por Enrique Dorado, bajo cuyo mando actuaron los guardias Felipe Bayo, Hermida Bouzas y Sandoval. Paradójicamente, el único procesado y condenado de los 21 agentes investigados fue el propio Enrique Dorado.

Mandos de la Guardia Civil que investigan el caso Lasa-Zabala centraron inicialmente sus pesquisas en algunos oficiales y guardias sobre los que años atrás se impidió investigar por corrupción mediante la operación secreta Arca de Noé, y sobre otros que supuestamente tuvieron un papel más allá del deber en la lucha antiterrorista.

Acciones clandestinas

Documentos internos de la Guardia Civil que describían la operación Arca de Noé destacaban la imposibilidad de investigar a diversos agentes de Intxaurrondo, ya que muchos de ellos habían participado en acciones clandestinas antiterroristas, que manuales del Cesid definen como "aquellas actuaciones que, además de secretas, son ilegales".Algunas de esas acciones clandestinas, 'según diversas fuentes del instituto consultadas -incluidos agentes entonces allí destinados-, no son otras que el secuestro y asesinato de Lasa y Zabala. El temor a represalias y las fuertes presiones ejercidas por agentes implicados en aquellos hechos actúa como contrapeso a la comparecencia ante los jueces de quienes conocieron aquellos hechos, aunque la ley del silencio comienza a desmoronarse.