El Tribunal Supremo considera que no se cometió delito alguno en la detención de Roldán

El Tribunal Supremo ha rechazado la querella del ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán contra el ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch; el director general de la Policía, Ángel Olivares, y la secretaria de Estado de Interior, Margarita Robles. La resolución no sólo rechaza la querella de Roldán, sino que prácticamente señala el camino a seguir en la controversia. sobre los papeles de Laos al indicar que en la detención de RoIdán no hubo delito de prevaricación ni de falsedad alguno y, en cambio, "su fuga fue sentida como una verdadera traición por amplios sectores sociales".

La querella de Roldán acusaba a Belloch de remitir un fax al Ministerio del Interior de Laos, el 22 de febrero, en el que, en respuesta a otro, se expresaba el interés del Gobierno español en la detención de Roldán. Según éste, los responsables de Interior crearon una supuesta extradición administrativa. que no está recogida en nuestra legislación, lo que supondría un delito de prevaricación (adoptar a sabiendas' una resolución injusta).Sin embargo, el Supremo niega la injusticia de tal resolución y declara que los hechos denunciados por Roldán "no, revisten, en absoluto, caracteres delictivos". "La actuación administrativa denunciada no sólo no contradice el ordenamiento jurídico, sino que es patente y manifiestamente justa", añade.

El auto, del que ha sido ponente el magistrado Cándido Conde-Pumpido, indica que Roldán era un prófugo contra el que existía una orden internacional de detención por delitos extremadamente graves "que han causado una notoria y bien justificada alarma social".

Su detención y entrega a la Jus t4cia prosigue, "constituía una obligación ineludible de los Máximos, responsables de Justicia e Interior. En consecuencia, no, cabe apreciar injusticia material alguna, sino todo lo contrario, en el hecho de que dichas autoridades realicen las gestiones necesarias para obtener la detención y, en su caso, extradición dirigiéndose directamente, por el medio más rápido, a las autoridades gubernativas del país donde, al parecer, se había detectado su presencia".

El Supremo analiza las posibilidades de entrega del prófugo y establece que la extradición, "como acto de soberanía en relación con otros Estados, es función del Poder Ejecutivo". En consecuencia, concluye que no puede hablarse de que se haya prescindido, totalmente del procedimiento regulador.

La comunicación remitida a Laos, según el Supremo, "está legitimada por la existencia de una orden de detención dictada por la autoridad judicial encargada del caso fue enviada por órgano competente y no se ha prescindido, en absoluto, del procedimiento establecido. No existe, por tanto, indicio alguno de delito de prevaricación".

El delito de falsedad documental que Roldán imputaba a los responsables de Interior por supuesta falsificación de la firma del ministro en un fax enviado a Laos también es rechazado tajantemente por el Supremo, entre otros motivos porque el ministro "ha manifestado públicamente que la firma es suya".

La supuesta falsificación de la firma del ministro se apoya, según el Supremo, en "unos inconsistentes informes periciales carentes de la más mínima credibilidad, pues se fundamentan exclusivamente en la comparación de las fotocopias de dos únicas rúbricas". El tribunal dice no saber bien por qué el querellante considera dubitada la firma de la fotocopia de un fax con el texto en francés e indubitada otra que figura en un oficio al juzgado.

La fianza de la esposa

Por otra parte, Blanca Rodríguez-Porto, la esposa de Roldán, reiteró ayer en el Juzgado número 16 que carece de bienes para afrontar los 150 millones que la juez Ana Ferrer le ha impuesto como fianza de responsabilidad civil, informa Ricardo ' Villa. Según su abogado, Agustín Guardia, su patrimonio son "entre seis y siete millones" en acciones de la sociedad instrumental Europe Capital. El juzgado enviará un oficio a la Agencia Tributaria para verificarlo.

Rodríguez-Porto, está procesada por malversación de caudales públicos por una cantidad de 70 millones y por defraudar a Hacienda más de 88. Según el auto de procesamiento, ayudó "con pleno conocimiento" a su marido a ocultar los bienes que éste adquirió de forma supuestamente ilícita. Además, abrió con Roldán cuentas en Suiza.

A Jorge Esparza, el testaferro de Roldán, le han sido embargados 15 inmuebles de la sociedad AME Inversores para hacer frente a su fianza de 250 millones por responsabilidad civil.