Interior confirma que hay una nota sobre la manipulación del caso del tiro en la nuca

El Ministerio de Justicia e Interior ha confirmado a la Fiscalía de San' Sebastián la existencia entre la documentación del Cesid de la Nota Interior KA / 5104, que da cuenta de la fabricación y falsificación de pruebas de convicción en la investigación judicial abierta en junio de 1987 por la muerte de la etarra Lucía Urigoitia. Así se disipan las dudas que el fiscal jefe, Luis Navajas, expresó sobre su existencia.La intervención del Cesid en este asunto respondió, según el documento, al propósito de evitar que la Justicia incriminara a algunos guardias civiles que participaron en la detención del comando Donostia.

Según el informe forense, Urigoitia falleció de un disparo en la cabeza realizado a muy corta distancia, "prácticamente a cañón tocante", cuando se encontraba tumbada en el suelo, gravemente herida en el abdomen por un tiro anterior recibido en otro lugar de la casa que ocupaba en el barrio de Trintxerpe (San Sebastián). El segundo impacto era mortal de necesidad.

Probable declaración de Perote

Navajas llamará a declarar a los periodistas que publicaron la Nota Interior KA / 5104 y no descarta hacer lo propio con el coronel Juan Perote, jefe de la Agrupación Operativa del Cesid, responsable de la fabricación y falsificación de las pruebas. Perote es el presunto responsable del robo de documentación interna del Cesid.

El informe del Cesid deja constancia de la entrada ilegal en el domicilio del juez que instruyó el caso, Juan Piqueras, y de la manipulación de la pistola de la activista, de los casquillos recogidos en el lugar del tiroteo y del chaleco antibalas en el que presuntamente habría impactado uno de los proyectiles que supuestamente disparó Urigoitia. En aquellas fechas, Piqueras residía en una de las viviendas reservadas a los miembros de la Judicatura, dentro del Palacio de Justicia de San Sebastián, permanentemente custodiado por la Guardia Civil.

Días después de la muerte de Urigoitia, y mientras los forenses preparaban su informe, el director de la clínica forense, Miguel Ángel Carnicero, denunció ante el juzgado el allanamiento de esas dependencias, situadas en el Palacio de Justicia.

Expertos consultados por este periódico han apuntado que la fabricación de las pruebas pudo haberse hecho percutiendo una serie de casquillos con cualquier otra pistola y desmontándole a ese arma la aguja percutora y la cuña extractora. Los casquillos habrían sido mezclados con los recogidos en el lugar del tiroteo, previa retirada de un número idéntico, y a la pistola de Urigoitia se le habría sustituido la aguja percutora y la cuña extractora, elementos que dan personalidad al arma. De esta manera, quedaría sentada la tesis del enfrentamiento y la coartada que permitiría justificar los dos disparos que alcanzaron a la etarra.