Ofensiva del sector conservador para que Villarejo no sea el fiscal anticorrupción

BarcelonaLa Asociación de Fiscales (AF), de ideología conservadora, y sectores afines de la judicatura, han presentado candidatos al cargo de fiscal especial anticorrupción, al que opta el fiscal jefe del Tribunal Superior de Cataluña, Carlos Jiménez Villarejo. La presentación de candidatos al cargo concluía el lunes pasado y ese día hicieron llegar sus instancias el portavoz de la AF, Juan Ortíz Úrculo, el ex miembro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Roberto García Calvo, y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda. Hasta el lunes pasado, sólo se había presentado al cargo Jiménez Villarejo.

En medios progresistas de la carrera fiscal, la presentación de las candidaturas de Ortíz y García Calvo se interpreta como una ofensiva del sector conservador de la judicatura para evitar que el cargo, creado por una ley aprobada por el Congreso a raíz del caso Rubio, sea ocupado por Jiménez Villarejo, quien contaba con el visto bueno tácito de la cúpula del Ministerio de Justicia para ser el máximo responsable de la investigación de delitos económicos relacionados con la corrupción. Credibilidad

La interpretación de que existe una movilización se apoya, en parte, en el hecho de que la AF se pronunció en contra de la creación de la fiscalía anticorrupción por entender que como se trata de un órgano que debe nombrar el Gobierno "no tendría la credibilidad necesaria", según manifestaciones de Ortíz, portavoz de la AF y ahora candidato. Por otra parte, García Calvo es un magistrado ultraconservador cuyo nombramiento como vocal del CGPJ, en 1989, ya provocó polémica. Entonces fue propuesto por el Partido Popular.

La reunión del Consejo Fiscal para el nombramiento de fiscal y teniente fiscal anticorrupción está prevista para hoy. Sin embargo, la Asociación de Fiscales ha hecho llegar al fiscal general del Estado, Carlos Granados, un escrito en el que plantea posponer la designación de los cargos aduciendo que hay miembros del consejo fiscal de vacaciones y cuestiones administrativas del decreto que reglamenta la nueva fiscalía.

El escrito plantea la conveniencia de que el nombramiento se posponga a septiembre y que entonces se vuelvan a convocar los plazos para candidatos a los cargos.

El consejo fiscal está integrado por once miembros más el fiscal general del Estado, Carlos Granados, cuyo voto es doble. Del resto de los componentes, 9 de ellos son miembros por designación de las asociaciones fiscales y actualmente seis de ellos lo son de la AF y los otros tres de la Unión Progresista de Fiscales, asociación a la que pertenece Jiménez Villarejo.

El único candidato que se ha presentado al cargo de teniente fiscal anticorrupción es Antonio Salinas, el fiscal que se ha encargado del caso Filesa.