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El 'numero dos' de Galindo hasta 1993 pidió dos millones un supuesto traficante

El comandante Máximo Blanco López, mano derecha hasta 1993 del coronel Enrique Rodríguez Galindo en la Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa, fue trasladado fulminantemente a Extremadura después de que ocurrieran los dos hechos que aquí se relatan. En el curso de las diligencias abiertas en 1991 por el juez de primera instancia de San Sebastián compañeros suyos detectaron que Blanco había pedido un crédito de dos millones al supuesto traficante José Manuel Olarte, posteriormente asesinado por ETA. Y mientras estaba siendo investigado por ello, Blanco formuló en 1992 una denuncia secreta ante mandos de la Guardia Civil contra su superior y otros oficiales del acuartelamiento de Intxaurrondo, implicándoles en operaciones de contrabando, cuyos beneficios, según el comandante, se utilizaban en la lucha contra ETA.

El comandante Máximo Blanco López, número dos del entonces teniente coronel Enrique Rodríguez Galindo -quien aún permanece al frente de la 513 Comandancia de Guipúzcoa-, fue obligado en 1993 a abandonar el acuartelamiento donostiarra de Intxaurrondo después de que efectivos de la propia Guardia Civil descubrieran que había pedido dos millones de pesetas a José Manuel Olarte Urreizti, Plomos, supuesto contrabandista y narcotraficante, posteriormente asesinado por la banda terrorista ETA.Ésa fue una de las razones fundamentales de su alejamiento del País Vasco, según fuentes judiciales. El Gobierno Civil de la provincia atribuyó entonces oficialmente el traslado a un "voluntario cambio de destino".

Los investigadores no encontraron pruebas contra el comandante Blanco, pero la solicitud de un crédito de dos millones a una persona como Olarte fue juzgada lo suficientemente sospechosa como para justificar su fulminante traslado.

Representantes del Ministerio de Interior y Justicia interpelados sobre este asunto se han negado a confirmar o desmentir la noticia, y tampoco el antiguo segundo jefe del acuartelamiento de la Guardia Civil en Intxaurrondo ha contestado al requerimiento telefónico de este diario.

Traslado de presos

Tras haber cumplido destino en Extremadura, Máximo Blanco, que sigue siendo comandante, fue nombrado jefe de la Plana Mayor de la Agrupación Rural de Seguridad con sede en Madrid, una unidad con funciones de policía antidisturbios encargada asimismo de la custodia y traslado de presos. A falta de pruebas incriminatorias, los investigadores constataron fehacientemente la estrecha relación personal que el segundo jefe de Intxaurrondo mantenía con José Manuel Olarte, un hombre que, al contrario que los confidentes políciales habituales, manejaba mucho dinero.

Blanco y Olarte se entrevistaban con frecuencia y eran clierites asiduos de una whiskería céntrica situada en el bulevar donostiarra.

En el denominado informe Navajas, elaborado por la Fiscalía de San Sebastián con fecha 12 de mayo de 1989 sobre la presunta ímplicación de miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) en contrabando y tráfico de drogas, Olarte, alias, Plomos y Pistolas, aparece identificado como "elemento clave" de una de las supuestas organizaciones.

Cobro de cantidades

Según el informe elaborado por Luis Navajas, Olarte era el "encargado de tener los contactos con los miembros de las FSE a los que se controla, así como de cobrar todas las cantidades que más tarde van destinadas a ellos".

En el informe se señala que estas cantidades oscilaban entre 250.000 pesetas por persona, cuando el alijo de tabaco era de menor importancia (inferior a las 2.000 cajas) y 500.000 cuando era de mayor entidad.

"En ocasiones, determinados funcionarios han estado a sueldo fijo de la organización, sueldo que parece situarse en el millón de pesetas mensuales", según reza el informe.

Máximo Blanco no figura en las diligencias informativas 1/89, conocidas como informe Navajas, ni tampoco el comisario antiguo jefe de la Brigada de Estupefacientes de San Sebastián, José Ángel Sangorrín. Pero también este último, cuyo teléfono fue intervenido judicialmente en un momento determinado, mantenía relaciones con José Manuel Olarte.

De hecho, los agentes de la policía judicial que llevaron a cabo la investigación detectaron la presencia de Plomos en la cena de despedida al comisario Sangorrín, celebrada en un exquisito restaurante de Pasaia (Pasajes). Los agentes constataron esa presencia y anotaron: "No es normal que un policía, invite a un confidente a su cena de despedida".

La investigación sobre las relaciones entre Plomos y el comandante Blanco fue realizada en el marco de las diligencias 491/91, abiertas por el juez de instrucción número 1 de San Sebastián en 1991. Éstas diligencias acabaron siendo archivadas, al no haberse conseguido avanzar en la investigación.

José Manuel Olarte mantenía también excelentes relaciones con miembros de la Ertzaintza, hasta el punto de que en una ocasión telefoneó a sus contactos en la policía autonómica para que le suministraran la titularidad del vehículo que les seguía los pasos.

Rápida respuesta

Sus vigilantes, guardias civiles en funciones de policía judicial, dieron fe igualmente de la celeridad con la que obtuvo la respuesta desde la Ertzaintza.

Plomos, que se sabía amenazado por la banda terrorista ETA y debía su ápodo al hábito de ir armado, sí ejerció de confidente, y de hecho, según fuentes judiciales, fue él quién facilitó a la Guardia Civil la captura de los mil kilos de hachís intervenidos en Irún y el desmantelamiento de la red de narcotraficantes formada por los gallegos Luis Falcón Pérez, Falconetti, y Benito Prado Vázquez, así como por el guipuzcoano Bonifacio Sagarzazu Virto.

Este último, simpatizante de la coalición abertzale Herri Batasuna (HB), según se indica en el informe Navajas, y una persona de su entorno familiar fueron los primeros en denunciar, en un principio a la Guardia Civil y posteriormente al fiscal jefe de la Audiencia donostiarra, la supuesta implicación de miembros de las FSE en la redes de narcotráfico.

Entre los nombres que aportaron, sin otro sustento que el de su testimonio, fliguraba el del entonces teniente coronel Enrique Rodríguez Galindo, jefe de la Comandancia de Intxaurrondo. Falconetti, por el contrario, siempre se negó a facilitar la identidad de los supuestos guardias corruptos.

Aunque en el informe Navajas

El 'número dos' de Galindo hasta 1993 pidió dos millones a un supuesto traficante

se vinculó a José Manuel Olarte con el exjugador de la Real Sociedad de San Sebastián José Antonio Santamaría, igualmente asesinado por ETA, averiguaciones posteriores cuestionan la idea de que ambos pertenecieran a la misma red.En todo caso, los dos tenían en común el disponer de colaboradores en las fuerzas de seguridad.

Santamaría, que en privado admitió haberse dedicado al contrabando de tabaco pero siempre negó cualquier implicación con el narcotráfico, invocó argumentalmente a sus contactos en las FSE para, según fuentes de la investigación judicial, evitar ser barridos por las poderosísimas organizaciones gallegas de narcotraficantes que habían puesto la vista en la costa vasca.

Los investigadores judiciales sospechan que Santamaría llegó a un acuerdo con uno de los grupos gallegos, el dirigido por Manuel Carballo Jueguen, de forma que él aportaba sus contactos en las fuerzas de seguridad y, por tanto, la garantía de que las operaciones de descarga de contrabando no iban a ser interceptadas.

Días antes de su asesinato, mientras la Fiscalía preparaba su acusación contra él por intente de soborno a un miembro de la Guardia Civil, José Antonio Santamaría insinuó a un capitán de ese mismo cuerpo la posibilidad de sincerarse enteramente con el juez, pero no llegó a transmitir personalmente esa intención a instancia judicial alguna.

Protesta de Santamaría

José Antonio Santamaría sólo se personó una vez en la Fiscalía de San Sebastián y fue para protestar airadamente de que su nombre hubiera sido filtrado a los medios de comunicación como sospechoso, cuando ni siquiera existía una acusación judicial contra él. No llegó siquiera a ocupar la silla que le ofreció el fiscal Luis Navajas, aludió al peligro de un atentado de los terroristas de ETA y dijo que su madre estaba muy afectada y había recibido llamadas amenazantes.

Al contrario de lo que se ha escrito en la perspectiva de que los últimos asesinatos perpetrados por ETA en San Sebastián responden al propósito de taponar las vías de investigación, José Manuel Olarte nunca mostró ni di recta ni indirectamente disposición alguna a colaborar con la Justicia.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 9 de julio de 1995

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